El Nacionalismo Auténtico y sus Leyes

Por RAMON GRAU SAN MARTIN

(Gran San Martín fue la figura prominente de la Revolución de 1933. A la caída del general Gerardo Machado el 12 de agosto de 1933 integró una pentarquía instituida en septiembre de ese año. Posteriormente se le encomendó dirigir el gobierno revolucionario. Ese mandato terminó en enero de 1934. Fundó posteriormente el Partido Revolucionario Cubano Auténtico y fue elegido presidente para el período de 1944 a 1948. Este artículo se publicó en la revista Bohemia el 26 de agosto de 1934. Grau explica aquí los logros del gobierno revolucionario de 1933, que tuvo una duración de aproximadante 100 días).

Del intrincado rompecabezas nacional, cuyos fragmentos treinta y pico de años de incuria gubernamental habían diseminado a los cuatro vientos, el gobierno revolucionario fue buscando y colocando sobre el tablero -afanosamente pero con gran celeridad- las leyes que habrían de formar un bello paisaje nacionalista.

La obra no fue completada. No es arte de taumaturgia convertir una colonia, víctima de explotación sistematizada y legendaria, en un país próspero poblado por ciudadanos cívicos y conscientes.

Dentro de un torbellino de pasiones desencadenadas, dentro de una vorágine de intereses creados que airadamente protestan cuando se imaginan la más leve transgresión en sus predios feudales, se realizó una labor que, modestia aparte, no tiene precedente en nuestros anales republicanos. El cuadro principal está ahí, y las piezas se hallan sobre el tablero; sólo falta acoplarlas en forma armónica con otras piezas al alcance de la mano para que el cubano pueda ufanarse de tener patria, de vivir en tierra propia y gozar de los derechos inherentes a la ciudadanía dentro de un país soberano.

En estas mismas columnas, Rubén de León dio una clara explicación de las leyes revolucionarias, el alcance de las mismas y lo que fue nuestra obra esencial de gobierno. Sólo me falta analizar el conjunto, es decir, el cuadro final que aparecería ante nuestros ojos al ir volteando las piezas del rompecabezas para encontrar la imagen que habría de completar nuestro paisaje de bienestar cubanizado y de decoro nacional.

Orientados y adiestrados en la enseñanza, puede decirse que bien por encima de las tangibles realidades que alcanzamos en el orden económico, en el político y en el social, nuestra obra fue didáctica. Nosotros alentamos y realzamos la personalidad nacional y el concepto elevado de ciudadanía; probamos que los derechos no se ejercen posternándose de rodillas ante los grandes y poderosos. La libre determinación de los pueblos pequeños no es una teoría abstracta, sino un problema sencillo de dignidad y de virtudes colectivas. Por primera vez en Cuba se respiró un ambiente de libertad y soberanía y las claudicaciones lamentables de antaño y de ogaño habrán de ser justipreciadas con el cartabón revolucionario de nuestro período de gobierno.

La juventud cubana, pura y desinteresada, patriótica y heroica, fue nuestro entusiasta aliado en la lucha portentosa. Había que deshacer todo un pasado de humillación e ignominia y orientar el país hacia nuevos derroteros de probidad administrativa y sano nacionalismo. Precisaba romper los moldes que habían creado los grotescos gobernantes que hemos padecido. Y aún después de enseñorearse la reacción, laten y bullen en las entrañas de nuestra juventud y de nuestro pueblo los fermentos que determinarán la nueva Cuba de un porvenir más venturoso.

Fue el criterio del gobierno revolucionario que mientras el trabajador no tenga un jornal remunerativo y un hogar higiénico, la sociedad está en el déficit con quien produce su riqueza. También es necesario difundir la riqueza nacional para aumentar el poder adquisitivo de la nación y multiplicar la circulación monetaria y a ello propendieron nuestras leyes fijando la jornada de ocho horas y el jornal mínimo. Es indispensable realzar la normas de vida de nuestra población trabajadora para crear unos futuros ciudadanos saludables y en condiciones de prestar un servicio de mejoramiento a la patria y a la humanidad.

Para proteger a ese pueblo laborioso contra la explotación que se ejerce en forma inmisericorde, decretamos la restauración de la Ley Arteaga, la rebaja del fluido eléctrico, un tipo de interés oficial en los préstamos, equiparamos los salarios de obreros y empleados con los de los funcionarios a los fines de no ser embargables; se proveyó de fondos a los Ayuntamientos para el suministro de medicinas a los pobres, para abonar los gastos de traslado de enfermos a los Hospitales y sufragar el enterramiento de cadáveres. Se concedieron fondos al Comité para la alimentación y defensa del desocupado.

Se creó la Secretaría del Trabajo, ofrecida durante largos años pero que nunca llegó a materializar, para atender a los conflictos sociales, dar participación en el gobierno a nuestra clase más numerosa y emprender una legislación de mejoramiento y progreso.

La Ley de moratoria de inquilinos fue una necesidad urgente debido a la enorme cantidad de deshaucios -más de treinta mil- que tramitaban los juzgados de La Habana, lo que habría de producir a su debido tiempo dificultades de orden público. Esa ley fue dictada de acuerdo con la asociación de propietarios, a los que se concedió una amnistía fiscal, condonándoles primero el cincuenta por ciento de las contribuciones y más tarde igual por ciento en lo adeudado por cuotas de agua.

Decretamos la nacionalización del trabajo y la repatriación forzosa de los extranjeros indigentes que residían en el territorio nacional, eliminando así a numerosos elementos indeseables que perturbaban la paz de nuestros campos y establecían una competencia ruinosa con nuestros campesinos dedicados a las faenas de la industria azucarera.

La nacionalización del trabajo o ley del cincuenta por ciento promovió una crítica apasionada sobre nuestra gestión y se adujeron muchos argumentos ficticios para desacreditarla. El hecho es innegable que si bien dicha ley perjudica al obrero extranjero radicado en el país y con familia cubana, beneficia ingentemente a esa familia que es suya y nativa. Como quiera que una de las aspiraciones más profundas e instintivas del ser humano es crear su hogar al conjuro de su anhelo de que la prole habrá de contribuir al sostenimiento de su edad provecta, dicha ley se orienta a la protección de su senectud y del derecho de sus más caros afectos: el de sus hijos.

Para beneficiar a otras clases proletarias nosotros decretamos la pesca del "chinchorro" dentro de las condiciones señaladas en el Reglamento General de Pesca, dictamos una nueva Ley de Accidentes del Trabajo, concedimos una prórroga para inscribir en el Registro Civil, sin expediente, los nacimientos que no se hubiesen inscripto antes, suspendimos el cobro del impuesto sobre el arroz producido en Cuba, se destinaron edificios y terrenos para intensificar la distribución de plantones de árboles maderables y frutales y creamos la Escuela Forestal "Conde de Pozos Dulces" para la enseñanza de la Selvicultura.

Concedimos un premio de cinco mil pesos para premiar a las mejores viviendas rústicas que se construyeran en el país. Sabido es que nuestro campesino habita en la misma vivienda que encontró Colón y que estas condiciones anti-higiénicas de vida hace que no solamente el hombre de Cuba no tenga la salud que debiera tener en un clima en que es posible la vida al aire libre, sino que a la vez es causa de una mortandad infantil de tal magnitud que puede decirse que la mayor parte de los niños fallecen por falta de higiene y de alimentación.

Aumentamos las consignaciones de los Hospitales, redujimos el franqueo a dos centavos por onza o fracción y rebajamos las tarifas del servicio telegráfico.

En lo docente el Gobierno Revolucionario restauró la enseñanza primaria y dio un nuevo aspecto a la enseñanza superior, creando la autonomía universitaria, abriendo los centros docentes que encontró cerrados y abandonados. Creó el patrimonio universitario, fijó y proporcionó a la Universidad los medios materiales para la enseñanza en conexión con las oscilaciones del Tesoro Público. Y siendo la función moderna de la Universidad, no solamente la actuación docente, sino además la creación de sus propias enseñanzas que contribuyen a la investigación científica y el avance integral de los conocimientos, se declaró de urgente necesidad y se inició la creación de laboratorios de investigación en relación con los propios métodos de enseñanza.

Se suspendió el uso obligatorio de uniformes en el Instituto y Escuelas Anexas y se derogaron las disposiciones que establecían la instrucción militar obligatoria para los alumnos varones.

Se aumentó el sueldo de los maestros públicos y se les dio la seguridad de que tan pronto lo permitieran las circunstancias se equipararían sus modestos emolumentos con la asginación que perciben los vigilantes de la Policía de La Habana, cosa por demás justa y equitativa.

Conscientes de la necesidad de agrupar los intereses de clases para su protección y evitar la inicua explotación que sufren muchas de ellas, se decretó la colegiación médica, la de los Procuradores, Dentistas, Farmacéuticos, Comadronas, Enfermeras, Arquitectos, Agrónomos y Químicos Azucareros.

Se decretó la sindicalización y se dictó el reglamento para la organización sindical.

Se disolvieron los Partidos Políticos existentes, el Tribunal Superior Electoral y las Juntas Electorales Provinciales y Municipales, se crearon los Tribunales de Sanciones cuyas funciones han sido notablemente desfiguradas y se convocó a elecciones para elegir una Asamblea Constituyente que debieron celebrarse a fines del pasado mes de Abril, tomando posesión la Asamblea el 20 de Mayo siguiente y entregando a ella sus poderes el gobierno provisional.

Nuestra labor económica fue abundante y multiforme. Se decretó la zafra libre para los pequeños ingenios y cuota para las grandes compañías, así favoreciendo al hacendado cubano y a los intereses netamente nacionales. Se estableció el derecho de tanteo en los remates para disolver los grandes latifundios y recuperar la tierra para el patrimonio nacional; ya se ha visto el mal uso que posteriormente se ha hecho de esta Ley tan cubana, tan previsora y tan patriótica.

Se dispuso la acuñación de veinte millones de pesos en plata y se sacó a subasta para contratarla con un Banco o Sindicato Bancario, preferentemente cubano, y se consagraron los beneficios de esta operación para el pago de sueldos atrasados de empleados públicos y abono de los retiros Civiles, de Comunicaciones, retiro escolar y otros.

A pesar de no haberse creado nuevos impuestos, sino por el contrario eliminado algunos de ellos y rebajado otros, no obstante la agresión constante en que vivió el gobierno revolucionario, lo que dificultaba la recaudación y a pesar del boycot de los contribuyentes en connivencia con sectores políticos contrarios al Gobierno, se cumplieron puntualmente todas las obligaciones y se llegaron a pagar jubilaciones y pensiones atrasadas.

Todos estos pagos, unidos a nuestras leyes de orden nacionalista y de realce para el nivel económico de las clases obreras, produjeron un aumento de numerario circulante que se sintió inmediatamente y se siente aún en las transacciones comerciales.

Con todos los incovenientes señalados, mediante una honesta y escrupulosa distribución de los fondos públicos, cercenada la recaudación por los adelantos hechos a los gobiernos anteriores por las compañías petroleras y que hubo de absorber el gobierno revolucionario, así como por las amnistías fiscales decretadas, se pagaron religiosamente todos los compromisos exteriores legítimos de la República, sin necesidad de acudir a Moratorias y otras medidas atentatorias al crédito y quedaron en las arcas nacionales alrededor de siete millones de pesos libres de toda obligación.

Si se toma en consideración que el gobierno siguiente aprovechó el plan de acuñación de plata del gobierno revolucionario para realizar una utilidad de cerca de seis millones de pesos y se decretó además la Moratoria para la Deuda Exterior de la República, la cantidad que hoy existe en el Tesoro de Cuba es la misma que existía durante la interinatura del gobierno revolucionario y se han evaporado las recaudaciones aumentadas por los derechos petroleros totales y la mejor situación económica que propiciaron las leyes revolucionarias, lo que prueba que se ha dilapidado y no economizado con los ingresos del Erario Público.

En síntesis, las leyes del Gobierno Revolucionario se orientaron en todo momento y en grado superlativo para crear poder adquisitivo y mejorar la condición de las clases trabajadoras que representan la clase más numerosa del país, en el orden económico. En el orden político, nuestras leyes propendieron a crear la personalidad nacional independiente y tener como inapelable autoridad la que dimanara de la voluntad libre del pueblo. En el orden internacional nuestra delegación a la Cumbre de Montevideo obtuvo un éxito resonante al propulsar el principio de la no-intervención y la libre determinación de la pequeñas nacionalidades. Y en el orden social sostuvimos el mejoramiento de las condiciones del hombre trabajador y fijamos la función social del trabajo en sus relaciones con el capital.

Agosto 19 de 1934.


Publicado el 27 de octubre de 2001 en CONTACTO Magazine


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