Constitución de la República de Cuba, 1992

CAPÍTULO XIII
TRIBUNALES Y FISCALÍA

Artículo 120.- La función de impartir justicia dimana del pueblo y es ejercida a nombre de este por el Tribunal Supremo Popular y los demás Tribunales que la ley instituye.

La ley establece los principales objetivos de la actividad judicial y regula la organización de los Tribunales; la extensión de su jurisdicción y competencia; sus facultades y el modo de ejercerlas; los requisitos que deben reunir los jueces, la forma de elección de estos y las causas y procedimientos para su revocación o cese en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 121.- Los tribunales constituyen un sistema de órganos estatales, estructurado con independencia funcional de cualquier otro y subordinado jerárquicamente a la Asamblea Nacional del Poder Popular y al Consejo de Estado.

El Tribunal Supremo Popular ejerce la máxima autoridad judicial y sus decisiones, en este orden, son definitivas.

A través de su Consejo de Gobierno ejerce la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria; toma decisiones y dicta normas de obligado cumplimiento por todos los tribunales y, sobre la base de la experiencia de estos, imparte instrucciones de carácter obligatorio para establecer una práctica judicial uniforme en la interpretación y aplicación de la ley.

Artículo 122.- Los jueces, en su función de impartir justicia, son independientes y no deben obediencia más que a la ley.

Artículo 123.- Los fallos y demás resoluciones firmes de los tribunales, dictados dentro de los límites de su competencia, son de ineludible cumplimiento por los organismos estatales, las entidades económicas y sociales y los ciudadanos, tanto por los directamente afectados por ellos, como por los que no teniendo interés directo en su ejecución vengan obligados a intervenir en la misma.

Artículo 124.- Para los actos de impartir justicia todos los tribunales funcionan de forma colegiada y en ellos participan, con iguales derechos y deberes, jueces profesionales y jueces legos. El desempeño de las funciones judiciales encomendadas al juez lego, dada su importancia social, tiene prioridad con respecto a su ocupación laboral habitual.

Artículo 125.- Los tribunales rinden cuenta de los resultados de su trabajo en la forma y con la periodicidad que establece la ley.

Artículo 126.- La facultad de revocación de los jueces corresponde al órgano que los elige.

Artículo 127.- La Fiscalía General de la República es el órgano del Estado al que corresponde, como objetivos fundamentales, el control y la preservación de la legalidad, sobre la base de la vigilancia del estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes y demás disposiciones legales, por los organismos del Estado, entidades económicas y sociales y por los ciudadanos; y la promoción y el ejercicio de la acción penal pública en representación del Estado.

La ley determina los demás objetivos y funciones, así como la forma, extensión y oportunidad en que la Fiscalía ejerce sus facultades al objeto expresado.

Artículo 128.- La Fiscalía General de la República constituye una unidad orgánica subordinada únicamente a la Asamblea Nacional del Poder Popular y al Consejo de Estado.

El Fiscal General de la República recibe instrucciones directas del Consejo de Estado.

Al Fiscal General de la República corresponde la dirección y reglamentación de la actividad de la Fiscalía en todo el territorio nacional.

Los órganos de la Fiscalía están organizados verticalmente en toda la nación, están subordinados sólo a la Fiscalía General de la República y son independientes de todo órgano local.

Artículo 129.- El Fiscal General de la República y los vicefiscales generales son elegidos y pueden ser revocados por la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Artículo 130.- El Fiscal General de la República rinde cuenta de su gestión ante la Asamblea Nacional del Poder Popular en la forma y con la periodicidad que establece la ley.

CAPÍTULO I

Fundamentos políticos, sociales y económicos del Estado (Artículo 1 al 27).

CAPÍTULO II

Ciudadanía (Artículo 28 al 33)

CAPÍTULO III

Extranjería (Artículo 34)

CAPÍTULO IV

Familia (Artículo 35 al 38)

CAPÍTULO V

Educación y cultura (Artículo 39 al 40)

CAPÍTULO VI

Igualdad (Artículo 41 al 44)

CAPÍTULO VII

Derechos, deberes y garantías fundamentales (Artículo 45 al 66)

CAPÍTULO VIII

Estado de emergencia (Artículo 67)

CAPÍTULO IX

Principios de organización y funcionamiento de los órganos estatales (Artículo 68).

CAPÍTULO X

Órganos superiores del Poder Popular (Artículo 69 al 101)

CAPÍTULO XI

La división político-administrativa (Artículo 102)

CAPÍTULO XII

Órganos Locales del Poder Popular (Artículo 103 al 119)

CAPÍTULO XIII

Tribunales y Fiscalía (Artículo 120 al 130)

CAPÍTULO XIV

Sistema electoral (Artículo 131 al 136)

CAPÍTULO XV

Reforma constitucional (Artículo 137)

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