Situada en medio de un desierto tristemente marrón y ocre, despejado y pobre en época invernal, Ciudad Juárez, en el norte de México, no cuenta con buenas tarjetas de presentación. Es sede de uno de los principales carteles mexicanos de la droga y escenario de una serie de asesinatos de mujeres sin resolver que sin embargo parecen importarle poco al país y al mundo.

Tampoco aparece en ninguno de los folletos turísticos de México. Su fama le viene, ademas, de ser uno de los puntos limítrofes más grandes del mundo en cuanto a la cantidad de personas que desde allí cruzan la frontera con Estados Unidos.

Las cifras más o menos oficiales hablan de que desde hace nueve años han sido asesinadas 269 mujeres, aunque organizaciones no gubernamentales hablan de más de 300.

Sus características son siempre similares: pobres, muy jóvenes, delgadas, de cabello largo, muchas veces inmigrantes, trabajadoras de maquiladoras, estudiantes.

Oficialmente, 76 de ellas -cuyas edades oscilan entre los 13 y los 25 años- han sido víctimas de homicidas seriales, mientras que el resto se consideran hechos "situacionales", por diversos motivos.

"No hay un proyecto para convertir esto en una ciudad vivible", afirma Esther Chávez Cano desde su oficina en la ONG Casa Amiga, la única institución de la ciudad que asiste a mujeres que enfrentan casos de violencia familiar, pese a las obvias necesidades ante una sociedad degradada e hinchada de violencia.

Alfredo Limas, director del Programa de Estudios Culturales y de Género de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, lo define como un \"escenario en el que la violencia hacia las mujeres y la impunidad son parte estructural de este sistema social\".

Todos a los que se les pregunta acerca de las investigaciones de los asesinatos coinciden en afirmar que se está retrocediendo, no sólo porque no se realizan exámenes periciales que pudieran servir de guía, sino porque existe un enorme desinterés.

Desde el policía que no castiga a un hombre golpeador porque \"lo comprende\" hasta los diversos procuradores (fiscales) de Justicia del Estado, de diferentes partidos, todos han considerado responsable de la agresión \"e incluso de haber perdido la vida\" a la persona que fue víctima, asegura Limas.

Aunque semana a semana aumenta su número, estas mujeres son invisibles. Ni desde los gobiernos locales, estatales ni desde la administración federal se ha avanzado para descubrir a los asesinos.

En 1995 se detuvo al egipcio Abdel Latif Sharif, a quien se responsabilizó de los crímenes, aunque oficialmente sólo enfrenta cargos por una muerte. Pero éstos comenzaron antes de que él llegara a la ciudad y continuaron después.

En noviembre del año pasado fueron hallados los cuerpos de ocho mujeres en un céntrico terreno baldío, de los que pueblan Juárez. La ciudad, extendida y solitaria en medio de un clima extremo, es poco habitable para los peatones.

Poco después fueron arrestados dos choferes, pero el proceso estuvo plagado de irregularidades desde el principio, como ausencia de pruebas periciales y denuncias de tortura. Para Limas, la situación es clara: si no son culpables se demuestra que las autoridades están dispuestas a actuar contra cualquiera mientras los verdaderos asesinos siguen libres; si son culpables, de todos modos podrían quedar libres porque el proceso fue inválido.

En este contexto, los rumores corren y se multiplican en los barrios pobres y en las mansiones de ricos empresarios y de narcos. Al igual que las velas a San Judas Tadeo, patrón de los \"casos desesperados\" y la imagen por mucho la más venerada en la iglesia de Juárez.

Las autoridades niegan que exista impunidad y que la policía haya perdido el control. El gobernador de Chihuahua, Patricio Martínez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), reconoció las deficiencias y pidió ayuda a la relatora especial sobre Derechos de la Mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Marta Altolaguirre, que estuvo la semana pasada en México.

Sin embargo, Martínez se limitó a acusar de la negligencia a la administración anterior, de Francisco Barrio, del Partido Acción Nacional (PAN) y hoy contralor de la República.

Las hipótesis sobre los asesinos van desde hombres poderosos de Chihuahua, sectas satánicas, rencillas de narcotraficantes y rodajes de \"snuff movies\" (vídeos de asesinatos reales), hasta gente del vecino Texas que sólo cruza para matar por placer.

Pero también están los casos de mujeres víctimas de sus novios o maridos, como ocurrió hace unos meses con María Luisa Carsoli, asesinada por su esposo cuando estaba en Casa Amiga. Ricardo Medina, plenamente identificado ya que el hecho fue presenciado por testigos, sigue libre. Ya se había jactado de que así sería antes del crimen.

Chávez Cano hace una pausa al relatar la historia y la indignación parece consumirla poco a poco: \"Al fin y al cabo son mujeres, y son pobres. Para qué preocuparse tanto. Hay muchas que van a ocupar sus lugares/".

	Web Contacto Magazine