Analizando un Decreto Insano

No acostumbro contestar preguntas u observaciones de lectores que estén en desacuerdo con lo expresado en esta tribuna.  La razón es que a veces se trata de individuos con deficiencias de aprendizaje, pero en su mayoría sólo integran el coro de la obsoleta y desacreditada cartilla marxista. Ese coro ha sido sólidamente desacreditado en el curso de la historia contemporánea y responder a sandeces es una pérdida de tiempo que sólo complace al enemigo.  Pero en ciertas ocasiones, cuando la discrepancia se origina en un “solista” capaz de usar sentido común y formular un criterio, no sería cortés dar la callada por respuesta.

Tal es el caso de un lector de esta columna quien desea mantener su identidad anónima y me dirige el siguiente comentario y pregunta:  “Si usted reconoce que el gobierno de Estados Unidos es soberano y leal sólo a los ciudadanos de este país, llamar después ‘ignominiosa’ una directiva presidencial sobre cuáles balseros debemos aceptar y cuáles nó, es incongruente. ¿No es legítima cualquier disposición obstaculizando la entrada masiva de extranjeros ilegales al territorio norteamericano, la más grave amenaza presente a la seguridad nacional?

Puedo formular una respuesta desde la perspectiva norteamericana y teniendo en cuenta solamente la seguridad de Estados Unidos, que mi lector acertadamente defiende. Coincido en que la entrada masiva de ilegales es quizás el problema más difícil que confronta Washington y potencialmente el más peligroso. Al presente se calcula que por lo menos 12 millones de extranjeros residen ilegalmente aquí y ese cálculo es decididamente conservador.  La velocidad en que crece el número de estos residentes ilegales resiste el cálculo.

Sin embargo,  es precisamente en defensa de la seguridad nacional que el decreto de “pies secos o mojados” carece por completo de utilidad práctica. Esa directiva, establecida durante una administración notoria por su explotación de la política exterior para beneficio electoral (recordemos su intervención en Haití) fue bienvenida por la ciudadanía como un discreto paso a dificultar la entrada clandestina de extranjeros a Norteamérica. En consecuencia, la medida fue beneficiosa en la política doméstica para una administración que con ella podía reclamar una acción obstruccionando la inmigración ilegal. En realidad la disposición de Clinton sólo fue otra medida “políticamente correcta” con el objeto de apaciguar a una población hastiada de residentes ilegales. El decreto de Clinton no sólo falló en proteger a Estados Unidos, sino que volvió más vulnerables las costas de Florida.  Veamos por qué.

Antes del gran influjo de 1994 y antes de la aplicación de la directiva presidencial, el número de refugiados de Cuba llegando en balsas y otros medios improvisados era insignificante comparado al gran total de extranjeros ingresando por ambas fronteras, o aquellos que dejaban expirar sus visas.  Todos estos eran de otras nacionalidades.  Los cubanos llegando a las costas de los Estados Unidos eran procesados por INS con la misma presteza que aquellos que eran recogidos en el mar por el Servicio de Guardacostas.  Lo que brillaba por su ausencia entonces, tanto como ahora, era un proceso de contrainteligencia riguroso, capaz de detener a probables espías, saboteadores e infiltrados.  En esto las dependencias de seguridad de Estados Unidos tienen un abismal record de fracasos inigualado en la historia contemporánea. Esto ocurre desde los años en que el Senador Frank Church y su comité senatorial destruyeran minuciosamente la Agencia Central de Inteligencia que fundara William (“Wild Bill”) Donovan.   

Esto empeoró en 1994 cuando irritado por el peor motín espontáneo en la historia totalitaria de su Régimen, Castro decidiera desguarnecer temporalmente las costas de Cuba, desatando un éxodo masivo de refugiados en embarcaciones de fabricación casera.  Ante una invasión de “balseros”, Clinton capituló. Como resultado de la crisis la Procuraduría General de Estados Unidos ordenó al INS aplicar la disposición de “pies secos o mojados”.  Consecuencia de la misma debacle fueron también las discusiones bilaterales entre Washington y La Habana sobre el tema migratorio, culminando al año siguiente con la garantía norteamericana de absorber 20,000 “inmigrantes” cada año.    

Al presente, el Régimen castrista es el gran árbitro, no solamente sobre quién puede salir o nó del teritorio cubano usando la vía oficial (los resultados de la llamada “lotería de visas” sólo son parcialmente observados), sino que también obtiene ganancias del tráfico humano ilegal.  Esto último es un secreto a voces entre los funcionarios de Homeland Security y de la Guardia Costera en Florida.

Contínuamente llegan a las costas norteamericanas refugiados de Cuba que no presentan quemaduras de sol, ni barbas crecidas, ni la más mínima huella de haber permanecido a la intemperie durante largas horas sobre las aguas del Estrecho. No dejan tras de sí restos de balsas u otras embarcaciones.  Algunos “lancheros” han sido apresados por la Guardia Costera y sus embarcaciones confiscadas. Se les ha encausado por sospecha de tráfico ilegal de seres humanos desde las costas cubanas y su predicamento es prueba circunstancial de la cooperación castrista en el negocio de contrabando humano.

El tráfico de drogas y otras mercancías potencialmente aún más letales de Cuba a Florida usando lanchas rápidas y con la inequívoca complicidad del Régimen, se puso abiertamente de manifiesto al final de la década de los 80, culminando en el archinotorio proceso contra los viejos “hit-men” de Castro, Arnaldo Ochoa, los mellizos Patricio y Antonio de la Guardia y una docena de supuestos cómplices. No existe un organismo de inteligencia en Estados Unidos que no sepa que ese proceso político, reminiscente de la Unión Soviética en los años 30, fue un vulgar teatro orquestado por el Régimen para consumo publicitario, tratando de tapar así un escándalo internacional de tráfico de drogas que involucraba a sus más altas figuras.   

Cuando los refugiados interceptados en alta mar son devueltos incondicionalmente a Castrolandia y los que arriban directamente a tierra firme aceptados en Norteamérica de idéntica manera, ¿Se ha aligerado en alguna medida el ingreso de indeseables? Y ¿cuál es hoy el mejor método de infiltrar espías y saboteadores para Castro en Estados Unidos? 

¿Una balsa a la deriva?        

                           
© Hugo J. Byrne

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