El Senado de Estados Unidos, controlado por los demócratas, propinó una bofetada a los grupos defensores de los inmigrantes al aprobar de manera unánime la noche del 5 de agosto una partida de 600 millones de dólares para aumentar el número de agentes policiales en la frontera, sin referencia alguna a la posibilidad de legalizar la situación de 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en este país.
La medida, patrocinada por los senadores Charles Schummer, demócrata de Nueva York, y Clair McCaskill, demócrata de Missouri, se propone financiar el despliegue de mil 500 nuevos agentes fronterizos, con 254 millones de dólares, y vuelos de naves no tripuladas para vigilar el paso hacia Estados Unidos, con 176 millones.
Una semana antes, la Cámara de Representantes, también controlada por los demócratas, había aprobado un proyecto similar a un costo de 701 millones de dólares. Sin embargo, los demócratas se han mostrado hasta ahora partidarios de aprobar una reforma migratoria integral, con posiblidades de legalización para los indocumentados, mientras que los republicanos han hecho más resistencia a un proyecto de esa naturaleza.
"Creo que tenemos que hacer mucho más, pero esto contribuirá a nuestro esfuerzo por tener fronteras más seguras", manifestó Schummer, quien agregó que ahora el trabajo del Congreso debe estar concentrado en la aprobación de "una amplia reforma, que es la única manera de manejar el problema de la inmigración ilegal".
Clarissa Martínez de Castro, directora de inmigración y campañas nacionales del Consejo Nacional de La Raza, subrayó en un comunicado de prensa que "durante los últimos 10 años, hemos gastado miles de millones de dólares en soldados en la frontera, y nuestro sistema migratorio sigue quebrado".
"El Congreso entiende muy bien que el problema migratorio demanda arreglar el disfuncional sistema legal de la inmigración", agregó Martínez de Castro, quien advirtió además que mientras no se apruebe una reforma migratoria integral "esos problemas van a estar sobre nosotros".
Según el Consejo Nacional de La Raza, el gasto destinado a la seguridad en la frontera ha aumentado de siete mil 500 millones de dólares en 2002 a 17 mil millones hoy día.
"Estos pasos son tan realistas como la fantasía de querer deportar masivamente a 11 millones de personas (indocumentadas), que han estado aquí por una década o más, o que esas personas se van a regresar voluntariamente, si hacemos sus vidas miserables en todas nuestras comunidades", puntualizó Martínez de Castro.
Por su parte, Frank Sharry, director ejecutivo de America's Voice, coincidió con Martínez de Castro en que la política de que la "seguridad en la frontera está primero" no resolverá los problemas migratorios de Estados Unidos.
"El Congreso necesita caminar hacia delante y encontrar una solución integral lo más pronto posible", agregó Sharry. De lo contrario, dijo, la situación migratoria del país "va a empeorar".
"Es hora de que los líderes de ambos partidos aprueben una
reforma duradera", concluyó el activista.
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