La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, y el presidente de Estados Unidos,
Barack Obama. (Foto: Casa Blanca).
La SB 1070 Parcialmente Detenida
JESUS HERNANDEZ CUELLAR
Sala de Producción Digital
Los Angeles, California
El campo de batalla por una reforma migratoria integral se ha trasladado desde hace semanas a la ciudad de Phoenix, Arizona, donde el 28 de julio de 2010 la jueza federal Susan Bolton detuvo temporalmente la implementación de disposiciones significativas de la controversial ley SB 1070, algunos de cuyos puntos entran en vigor el día 29.
La magistrada ha impedido, por el momento, la aplicación de la parte que habría permitido a los agentes del orden revisar el estatus migratorio de las personas que pudiesen ser detenidas por haber violado otras leyes, lo cual requería que los inmigrantes portaran sus documentos todo el tiempo. De todos modos, la ley federal exige a los residentes legales permanentes portar sus documentos migratorios.
"Preservar la situación actual es menos dañino que permitir a las leyes estatales ocupar el lugar de las leyes federales", señaló la jueza en su dictamen luego de tres audiencias en las que se ventiló el caso.
En la práctica diaria, "habría una posibilidad significativa de que los agentes arresten erróneamente a inmigrantes legales" y "al aplicar esa disposición, Arizona impondría una presión sobre los residentes legales que sólo el gobierno federal tiene la autoridad de imponer", subrayó Bolton.
La jueza también detuvo temporalmente otras disposiciones de la ley, entre ellas castigos a los no ciudadanos por no registrarse con el Departamento de Seguridad Interna y por no portar los documentos de dicho registro; la detención obligatoria de individuos que, según la ley, sólo deben recibir una multa por delitos menores, si no pueden demostrar que están legalmente en el país; los arrestos sin orden judicial de individuos que policías estatales y locales creen que son "deportables"; y la disposición que establecería como un delito que inmigrantes indocumentados trabajen en Arizona.
Se espera que los abogados de la gobernadora de Arizona,
Jan Brewer, apelen la decisión de la magistrada, por lo que muchos
especialistas en temas legales creen que este caso podría llegar
hasta la Corte Suprema de Estados Unidos. Brewer no sólo firmó la
ley como máxima
autoridad de Arizona, sino que es una entusiasta simpatizante de la misma.
Al enterarse del fallo de la jueza, la gobernadora dijo que considerará
las alternativas legales que tiene a su alcance, pero calificó el
dictamen de "sólo un obstáculo en el camino".
Por su parte, el controversial alguacil
del condado de Maricopa, Joe Arpaio, anunció que continuará realizando
sus redadas en contra de los indocumentados.
Las reacciones de los grupos involcurados en esta batalla legal no se hicieron esperar. Janet Murguía, presidenta del Consejo Nacional de la Raza (NCLR, en inglés) definió el fallo de la magistrada como "una victoria inequívoca para los latinos y un primer paso importante para repeler la SB 1070".
"La jueza no sólo se puso del lado de la comunidad latina, también se puso del lado de la Constitución", agregó la dirigente hispana. "Sabemos que el fallo es temporal y que va a ser apelado, y que las disposiciones supendidas podrían restaurarse".
Murguía alertó también sobre el hecho de que "la legislatura de Arizona ha dado señales de que seguirá adelante con otras medidas draconianas, y otros estados están considerando leyes similares", por lo que exhortó al gobierno y al poder legislativo federal a aprobar una reforma migratoria integral.
El director ejecutivo de America's Voice, Frank Sharry, también elogió el fallo de Bolton.
"El hecho trágico es que el sistema judicial se haya visto obligado a intervenir e imponer una supervisión adulta en respuesta a la conducta irresponsable y divisiva de funcionarios electos de Arizona", declaró Sharry en un comunicado de prensa.
"Por suerte, nuestros padres fundadores crearon el reino de revisiones y equilibrios para este tipo de leyes anticonstitucionales y antinorteamericanas", agregó Sharry, quien piensa, al igual que Murguía, que estos debates sobre la inmigración ilegal van a continuar mientras no se apruebe en Washington una reforma migratoria integral.
Una encuesta de la cadena CNN, divulgada el mismo 28 de julio, revela que 55 por ciento de los estadounidenses respalda la SB 1070, aun cuando 54 por ciento cree que la misma provocará actos de discriminación contra los latinos. A pesar de ese apoyo, 50 por ciento de los encuestados dijo que la ley no detendrá la inmigración ilegal, mientras que 48 por ciento pensaba que sí la detendría. En este sondeo realizado entre 1.018 adultos del 16 al 21 de julio, sólo 40 por ciento se opone a la SB 1070.
Otra encuesta realizada por la firma Gallup a principios de julio, puso de manifiesto que 50 por ciento de los estadounidenses percibió como negativa la demanda federal contra el estado de Arizona, por la SB 1070. Sólo 33 por ciento tuvo una impresión positiva de la demanda.
Por su parte, Ali Noorani, director ejecutivo del Foro Nacional de Inmigración, dijo que luego del fallo de Bolton, "las agencias del orden de Arizona tendrán que luchar para interpretar los aspectos que permanecen vigentes" en la SB 1070 y también tendrán que suministrar "la capacitación de los agentes".
"Mientras el país espera por la decisión de los tribunales respecto a una serie de temas que se desprenden de la SB 1070, el gobierno federal debe actuar inmediatamente para cumplir su responsabilidad de evitar que esta ley siga adelante", agregó Noorani. "El fallo de hoy sólo subraya la desesperada necesidad de que se apruebe una reforma migratoria integral".
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que es una de las organizaciones demandantes, el Centro para el Cambio Comunitario y el Centro para el Progreso de Estados Unidos también elogiaron el fallo de Bolton.
Pero Jesse Hernández, presidente de la Asociación de Republicanos Latinos de Arizona, comentó al diario The Houston Chronicle que los críticos de la ley "están cantando victoria y rodando autos por la calle, pero la realidad es que deben bajar su euforia y mirar la ley".
Este corredor de bienes raíces de 49 años, nacido en Estados Unidos, asegura que el fallo de la jueza permite todavía a las fuerzas del orden la discresión de ayudar a que se cumplan las leyes de inmigración.
"Esto va a terminar en la Corte Suprema, no hay duda alguna de ello", señaló el líder de los republicanos latinos de Arizona.
Mientras tanto, el alguacil del condado de Santa Cruz, Arizona, Tony Estrada, calificó a la jueza Bolton de "angel enviado del cielo". Para Estrada la suspensión temporal de tener que revisar el estatus migratorio de los infractores de otras leyes constituía "una gran preocupación". Esa disposición "ponía una gran presión en los agentes del orden, y estoy contento de que la jueza lo haya visto así".
Varios jefes policiales de Arizona habían señalado previamente que la SB 1070 impediría que la comunidad inmigrante, por miedo, cooperara con las autoridades a la hora de reportar delitos.
El alguacil Ralph Ogden, del condado de Yuma, Arizona, piensa que el fallo de Bolton ha provocado confusión en los agentes y en los ciudadanos. "Ahora tenemos que revisarlo todo y ver qué disposiciones entran en efecto y cuáles no".
Ogden dijo que su fuerza de 85 agentes continuará informando al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) si consideran que algún detenido se encuentra ilegamente en Estados Unidos. Ese procedimiento no tiene nada que ver con la SB 1070, sino con un programa vigente de cooperación entre autoridades locales y federales conocido como 287(g).
La firma de la SB 1070 el pasado 23 de abril provocó la ira de muchos simpatizantes de la comunidad inmigrante y de los defensores de los derechos civiles, así como una sensación de triunfo para los sectores que la apoyan como una fórmula de combatir la inmigración ilegal y la violencia procedente de México en la zona fronteriza.
Varias organizaciones y ciudades norteamericanas se sumaron a un boicot nacional contra Arizona. El gobierno de México advirtió a sus ciudadanos que no debían viajar a ese estado, y manifestó su apoyo a las muchas demandas que se entablaron en contra de la ley estatal. El miedo obligó a muchas familias inmigrantes a huir de Phoenix y otras ciudades de Arizona, que comenzaron a pagar un alto costo económico luego de la aprobación de la SB 1070.
El 30 de abril, la Legislatura Estatal de Arizona enmendó la SB 1070 a través de un proyecto conocido como HB 2162 en el que se señala que "los fiscales no investigarán quejas basadas en raza, color u origen nacional", y agrega que los agentes del orden sólo pueden revisar el estatus migratorio de las personas durante "una parada, una detención o un arresto legal". También redujo la multa para los infractores de un mínimo de 500 dólares a un máximo de 100 dólares y rebajó el tiempo de encarcelamiento para quienes inclumplieran la ley por primera vez, de seis meses a 20 días.
El furor de la mayoría de los habitantes de Arizona en contra de los indocumentados se fortaleció a partir del asesinato del ranchero Robert Krentz y su perro, el 27 de marzo de 2010. Krentz estaba colocando una barda en los límites de su rancho fronterizo con México, de una extensión de 19 millas (31 kilómetros), cuando fue asesinado. Las autoridades no pudieron establecer la identidad de su asesino, pero el rastreo de las huellas en la escena del crimen hacia el sur de la frontera, y las especulaciones de que el autor del crimen pudo ser un indocumentado, dieron bríos a quienes proponían una ley estatal contra la inmigración ilegal.
El senador estatal de Arizona, Russell Pearce, fue el patrocinador principal de la SB 1070, cuyo texto fue redactado mayormente por Kris Kobach, profesor de la Escuela de Leyes de la Universidad de Missouri-Kansas City, también asesor del Instituto para la Reforma de la Ley de Inmigración en Washington D.C., y ex presidente del Partido Republicano de Kansas.
Joe Arpaio, el Alguacil "Más Duro" del Oeste
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