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Inmigrantes

Pros y Contras del Proyecto Bipartidista de Inmigración del Senado

Material preparado por America's Voice

La Ley de Seguridad Fronteriza, Oportunidad Económica y Modernización Migratoria de 2013 (S. 744) es un proyecto bipartidista con muchas disposiciones excelentes y otras que preocupan. Enseguida presentamos los pros y los contras.

Los PROS

La mayoría de los inmigrantes indocumentados en el país pueden hoy en día conseguir un camino a la ciudadanía, empezando con el estatus de Inmigrante Provisional Registrado (RPI). Algunos de ellos tendrán una vía acelerada a la ciudadanía.

Después de 10 años con el estatus RPI, los ex inmigrantes indocumentados pueden solicitar la tarjeta de residente. Una vez que la tengan, su espera para la ciudadanía es más corta que en el proceso tradicional (3 años en lugar de 5).

Las familias pueden solicitar el estatus migratorio para todos sus miembros, ahorrando dinero en costosas multas. Si una persona pierde su estatus, otros integrantes de la familia pueden continuar con su vía a la ciudadanía.

Los solicitantes tendrán la opción de pagar sus cuotas a plazos, haciendo el proceso mucho más asequible para familias de bajos ingresos.

Dependiendo de cómo sean implementadas las disposiciones, amas de casa, jubilados, jornaleros y otros inmigrantes meritorios con diferentes circunstancias pueden solicitar.

La información contenida en las solicitudes se mantiene confidencial, y se anima a los empleadores a ayudar a los inmigrantes a cumplir con los requisitos de documentación.
Si el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) rechaza una solicitud de estatus RPI, el inmigrante tiene el derecho a revisión judicial.

Ciertos grupos de residentes de larga estadía tienen una vía simplificada a la ciudadanía:

- Cualquiera que haya estado aquí legalmente durante diez años (como los que tienen TPS o DED) son elegibles para la tarjeta de residente a partir de 2014 y para la ciudadanía después de tres años más

- Los participantes en el programa de Acción Diferida para Quienes Llegaron Durante la Niñez (DACA) pueden tener sus solicitudes para RPI de manera expedita

- Los DREAMers que se han graduado pueden solicitar la tarjeta de residente en cinco años y la ciudadanía inmediatamente después; los DREAMers que hayan servido en las fuerzas armadas tendrán la misma vía a la ciudadanía de forma acelerada, como otros no ciudadanos. No hay límite de edad al momento de la solicitud. Las multas para los DREAMers también son bajas

- Los trabajadores agrícolas pueden participar en un programa especial de “tarjeta azul” con multas más bajas y una vía de 5 años para la residencia legal permanente, si continúan trabajando en el campo

Un grupo limitado de inmigrantes que fueron deportados pueden regresar al lado de sus familias a Estados Unidos, con base en una exención discrecional: DREAMers y padres o cónyuges de ciudadanos estadounidenses o residentes legales permanentes.

Inmigrantes elegibles que enfrentan deportación entre el día en que el proyecto se convierta en ley y el día que entre en vigor el programa RPI aún tendrán una oportunidad de solicitar.
Las disposiciones ayudarán a muchas familias a reunirse tras años de separación y permitirán a algunas mantenerse juntas en el futuro.

Ahora mismo, algunos inmigrantes tienen que esperar varios años e incluso décadas para reunirse con sus seres queridos en Estados Unidos. El proyecto de ley permite a todos aquellos que están en espera de una visa familiar o de empleo inmigrar dentro de los siguientes 8 años.

Hijos y cónyuges de residentes legales permanentes pueden solicitar tarjetas de residentes sin demora.

Otros inmigrantes en espera de una visa familiar pueden permanecer en Estados Unidos en lugar de en el extranjero. También pueden trabajar para ayudar a mantener a sus familias mientras están en Estados Unidos, así como lo pueden hacer los cónyuges de quienes tienen la visa H-1(b).
Un nuevo programa de visas de trabajo reemplazará la migración no autorizada con trabajadores legales que tengan derechos laborales y una vía a la ciudadanía.

El proyecto de ley crea una visa W para personas que buscan trabajo en el sector de servicios, hotelería, construcción y otras industrias excluidas de los existentes programas de visa.

El programa de visa W prevé protecciones laborales para trabajadores inmigrantes y estadounidenses, incluyendo normas salariales, requisitos de protección en el lugar de trabajo y de contratación, así como protecciones para informantes.

Los trabajadores con visa W tienen el derecho de cambiar de empleo y solicitar tarjetas de residentes. Sus familias pueden venir a Estados Unidos con ellos y trabajar.

El proyecto de ley añadirá otras protecciones laborales clave en la ley.

Elimina importantes incentivos a empleadores que contratan y explotan a inmigrantes indocumentados, dándoles a éstos el derecho de regresar si son despedidos injustamente y por proteger a informantes.

Nuevas protecciones laborales están previstas en programas de visa para el campo a fin de asegurar que los trabajadores sean tratados con justicia.

Al hacer obligatorio el programa E-Verify para todos los empleadores, el proyecto de ley incluye importantes protecciones del debido proceso para trabajadores que han sido incorrectamente catalogados como no autorizados para trabajar.

Algunas disposiciones empiezan a restaurar equidad para inmigrantes después de años de políticas severas que deterioraron derechos y oportunidades.

Los inmigrantes que se encuentran detenidos tendrán el derecho a solicitar la liberación a un juez en el momento oportuno, y se exhorta a los jueces a considerar alternativas a la detención. Se requiere de ICE que limite el uso de confinamiento solitario de inmigrantes detenidos.

El proyecto otorga a los jueces discrecionalidad para descartar casos de deportación contra residentes que cumplan con parámetros muy limitados.

Cuando los padres sean detenidos durante un operativo migratorio, se pedirá al DHS que considere el bienestar de los hijos cuando decida si va a realizar la deportación.

Los niños, las personas con discapacidades mentales y otras en situación de extrema vulnerabilidad que se encuentran en procedimientos de deportación, finalmente tendrán el derecho a consejería gubernamental pagada, según sea necesario.

El proyecto de ley codificará, expandirá y dará fondos a Programas de Orientación Legal para inmigrantes en proceso de deportación.

El proyecto eliminará la arbitraria fecha límite de un año para presentar los documentos de petición de asilo, reforzando el compromiso de nuestra nación para proteger a los refugiados.
Penas más duras para el “fraude de notarios” ayudará a proteger a los inmigrantes de “consejeros” sin escrúpulos, cuya labor puede poner en peligro su estatus migratorio.

El proyecto de ley deroga una sección de la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y de Responsabilidad del Inmigrante de 1996 que hacía más difícil para las universidades públicas ofrecer tasas locales de matrícula para residentes indocumentados.

Los CONTRA

El proyecto de ley tendrá como resultado una masiva –y masivamente innecesaria—militarización de la frontera sur.

La frontera está más segura que nunca. De cualquier manera, la S. 744 original ya incluía incrementos sustanciales en fondos para la frontera, personal y tecnología. La enmienda Corker-Hoeven aumenta drásticamente dicha seguridad, lo que constituye una militarización de la frontera.
Tal como está el proyecto de ley (con la adición de la enmienda Corker-Hoeven) efectivamente duplicaría la cantidad de agentes de la Patrulla Fronteriza a 38,405 a lo largo de la frontera sur en diez años. Esto requeriría la construcción de 700 millas de muro. Y destinaría $46.3 billones a DHS para poner en práctica esos requisitos y adquirir más cámaras, torres, aviones no tripulados y otra tecnología. Esta militarización significará una carga enorme para las comunidades fronterizas y resultará probablemente en violaciones de las libertades civiles.

Además, el proyecto de ley requiere que esa expansión de la Patrulla Fronteriza y la construcción del muro —así como otros requisitos de seguridad, como la implementación de E-Verify— sea terminada antes de que empiecen los pasos clave en el proceso de legalización. Los llamados “detonantes” son una artimaña que juega a la política con la vida de personas, sin una base política.

Algunos inmigrantes meritorios serán obstaculizados para obtener el estatus de Inmigrante Provisional Registrado (RPI), tarjetas de residente y ciudadanía.

Cada día hasta que el proyecto de ley sea aprobado, la gente que sería elegible para el estatus RPI será deportada.

El 31 de diciembre de 2011 como fecha de cierre para el estatus RPI significa que cientos de miles de inmigrantes que llegaron en 2012 y 2013 serán excluidos.

El proceso será costoso —en algunos casos incluso prohibitivo—para trabajadores de bajos ingresos y sus familias. Mientras que los inmigrantes pueden pagar a plazos, los principales solicitantes pagarán $2000 en multas a lo largo del programa, más los costos de la solicitud para ellos mismos y los miembros de su familia. Los costos de solicitud para todo el proceso podrían llegar a $1000 o más por persona.

Debido a los rigurosos requisitos del programa, los inmigrantes necesitarán tiempo para reunir los documentos, dinero y asistencia legal necesarios para presentar una solicitud como se debe. El proyecto sólo les da un año para hacer todo esto, con una extensión opcional de 18 meses.

Las barreras penales al estatus legal son aún más rigurosas que la ley actual, la cual ya rechaza a personas con base en delitos menores de hace décadas.

Personas con estatus RPI se mantienen en un nivel superior a otros solicitantes para recibir tarjetas de residente. Ellos tienen que demostrar que están realizando estudios de inglés y de historia de Estados Unidos, o comprobar que ya son competentes. Actualmente, el requisito del idioma inglés es parte del proceso de ciudadanía, no para la residencia permanente.

Para algunos de esos requisitos, hay exenciones disponibles para inmigrantes que no pueden cumplirlos debido a lo difícil u otras circunstancias. Sin embargo, el proyecto de ley pone límites estrictos sobre quién puede solicitar una exención, y la implementación del proceso puede tardar aún más —excluyendo a buenas personas que merecen una consideración flexible. Esto es de especial preocupación para los inmigrantes con antecedentes penales que solicitan exenciones, quienes tendrán que esperar a que el DHS encuentre a las víctimas de sus delitos y “consultarlas” antes de otorgarles las exenciones.

Los padres deportados y hermanos de DREAMers y otros que obtengan el estatus RPI no podrán lograr una exención y reunirse con sus familias en Estados Unidos.

La intención de este programa debería ser abarcar a tanta gente como sea posible, de tal manera que empecemos con un borrón y cuenta nueva, no hacer el proceso más difícil y caro para que muchos permanezcan en las sombras.

En algunos casos, consideraciones políticas triunfan sobre las metas de política pública.

A las personas con estatus RPI se les pide que paguen impuestos y adquieran seguro médico con base en la Ley de Cuidado Asequible, pero están excluidas de opciones de cuidado médico asequible y de beneficios de protección social.

Inmigrantes legalizados no recibirán crédito del Seguro Social para los impuestos que pagaron mientras eran indocumentados: aun cuando ya hayan pagado dentro del sistema durante años mientras trabajaban bajo la mesa, nunca podrán recibir los beneficios por las contribuciones que se han ganado.

El proyecto de ley elimina algunas vías migratorias que promueven la diversidad y la unidad familiar, sin reemplazarlas adecuadamente en otros programas.

Ciudadanos de Estados Unidos y residentes permanentes con parejas del mismo sexo se quedan sin la posibilidad de patrocinar a sus seres queridos para inmigrarlos, aun cuando estén legalmente casados. Esto deja a decenas de miles de familias estadounidenses en el limbo hasta que nuestro sistema de justicia intervenga para poner fin a la discriminación.

Son muy extremas las leyes actuales que disparan la deportación o excluyen a un inmigrante de obtener estatus legal con base en conducta delincuencial, y los jueces tienen poco o nulo margen de discrecionalidad para impedir deportaciones incluso en las situaciones más apremiantes. El nuevo proyecto de ley expande la lista de delitos que conllevan esas graves y permanentes consecuencias. Las condenas por reingreso ilegal y fraude con documentos pueden hacer que se excluya a inmigrantes indocumentados habituales de la legalización. El gobierno tendrá aún más amplia autoridad para definir la actividad de pandillas, DUI y delitos de violencia doméstica, de tal forma que perjudica a gente inocente y víctimas de delitos, en lugar de enfocarse en las verdaderas malas personas.

El proyecto de ley mantiene varias injusticias del actual sistema de seguridad migratoria, tal como la extremadamente amplia definición y exagerado trato a individuos con la llamada condena por “delito grave” (lo cual no tiene que ser “grave” ni delitos reales para derivar en deportación); continuación del defectuoso programa Comunidades Seguras; y la operación de un masivo sistema de detención migratoria que se supone es civil en su naturaleza, pero criminal en su diseño.

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