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Estados Unidos, tradicionalmente
conocido como
país de inmigrantes,
afronta una crisis sin precedente en ese renglón. A principios
de la primera década del siglo XX se conoce que hay en el país
más de 11 millones de indocumentados. Grupos defensores de los
inmigrantes abogan por la aprobación de una reforma de las leyes
que legalice a los indocumentados. Grupos opuestos critican la falta
de acción del gobierno federal en materia de detener el flujo
de inmigrantes que ingresan al país ilegalmente. En 1986, el Congreso
de Estados Unidos había aprobado una reforma migratoria que permitió la
legalización de aproximadamente tres millones de indocumentados.
La siguiente es una cronología de los sucesos más importantes
relacionados con el actual debate sobre la reforma migratoria:
15 de mayo de 2002.- En
30 ciudades de Estados Unidos, organizaciones gremiales, religiosas, étnicas
y comunitarias, tanto nacionales como locales, anunciaron el lanzamiento
de Un Millón de Voces
en Favor de la Legalización, una campaña popular sin
precedente, diseñada para urgir a la Casa Blanca y el Congreso
a que aceleren la reforma de inmigración y recompensen el trabajo
de los inmigrantes. Varias organizaciones hispanas participan en esta
campaña, entre ellas el Consejo Nacional de La Raza, SEIU, el
Consejo Laboral para el Progreso Latinoamericano, Trabajadores Agrícolas
Unidos, la Fundación Nacional de Inmigración, el Movimiento
Nacional de Legalización, la Red Nacional de los Derechos de Inmigrantes
y Refugiados, los Trabajadores Internacionales, y muchas más.
Según
un estudio de la Universidad de California en Los Angeles (UCLA) de la época,
los inmigrantes contribuyen con más
de 440 mil millones de dólares a la economía de Estados
Unidos. Los inmigrantes indocumentados ocupan miles de trabajos esenciales
en el país que de otro modo quedarían vacantes, según
los coordinadores de esta campaña.
6 de diciembre de 2005.- Un informe del Pew Hispanic
Center revela que la gran mayoría de los indocumentados mexicanos tenía empleo
en México antes de trasladarse a Estados Unidos. La demanda de
trabajo con mayores oportunidades en materia de obtener una mejor calidad
de vida parece ser el móvil principal de estos inmigrantes, así como
lazos con familiares y amigos en territorio estadounidense. Según
ese estudio, unos 400 mil mexicanos entraban en Estados Unidos sin documentos
migratorios, anualmente. Sólo el cinco por ciento de los encuestados
por el Pew Hispanic Center no tenía empleo en México antes
de cruzar la frontera. En 2004, la comunidad hispana de Estados Unidos
envió a América Latina 46 mil millones de dólares
en ayuda familiar. En 2005, los mexicanos enviaron más de 20 mil
millones de dólares a sus familias en México.
Diciembre de 2005.- La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba la llamada Ley Sensenbrenner, que castiga a los indocumentados y a quienes los ayudan, y propone la construcción de un muro en la frontera con México. Posteriormente, el Senado debate una serie de anteproyectos para aprobar uno de ellos y conciliarlo con la Sensenbrenner para formar una sola ley que produciría una histórica reforma migratoria.
25 de marzo de 2006.- Más de medio millón de personas se manifestaron el sábado 25 de marzo en las calles de Los Angeles, California, en protesta por varios anteproyectos de ley que proponen tratar como delincuentes a los inmigrantes indocumentados y a quienes los emplean y ayudan, incluidos sacerdotes y familiares. La enorme masa humana enarboló banderas de Estados Unidos, México y otros países y carteles que decían "No somos terroristas, somos trabajadores".
El mismo día 25, el presidente George W. Bush dijo en su discurso
radial de los sábados que Estados Unidos era "una nación
de inmigrantes, pero también una nación de leyes",
y que pensaba que era posible mantener al país en esas condiciones.
Bush propuso un programa de trabajadores extranjeros temporales.
Finales de marzo de 2006.- Chris Simcox,
líder del movimiento Minuteman Civil Defense Corps, de fuerte oposición
a la inmigración indocumentada, aboga
por presionar al gobierno federal para que cumpla con su deber de proteger
las fronteras de Estados Unidos. "Aun cuando la mayoría de
los indocumentados simplemente busca una vida mejor en Estados Unidos,
pandillas criminales como la MS-13, narcotraficantes y contrabandistas
de inmigrantes, así como terroristas potenciales se aprovechan
de la inseguridad de nuestras fronteras. Los ciudadanos de Estados Unidos
que viven en la frontera, y también en el interior están
pagando el precio con sus propias vidas, sus propiedades y con el deterioro
de sus comunidades", señaló Simcox en un artículo
divulgado entre los medios de comunicación, inclusive hispanos. El líder
del grupo anti-inmigrante es también muy crítico de los
gobiernos latinoamericanos que piden una fórmula de legalización
para sus ciudadanos que viven indocumentados en Estados Unidos. Según
Simcox "los
gobiernos latinoamericanos prefieren forzar a sus ciudadanos a viajar
a Estados Unidos en lugar de cumplir sus obligaciones con ellos".
Primavera de 2006.- El Senado de Estados Unidos intenta suavizar el proyecto de ley Sensenbrenner que aprobó la cámara en diciembre de 2005. Cobra fuerza una propuesta bipartidista de los senadores Edward Kennedy, demócrata, y John McCain, republicano, que tiene como meta legalizar a millones de indocumentados a través de una permanencia temporal de tres años, que se extendería a tres años más, sin que los beneficiarios tuviesen que salir del país. La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) concedió un reconocimiento especial a este proyecto, por considerarlo el más humanitario y beneficioso para los inmigrantes. Sindicatos, grupos religiosos y de derechos civiles también apoyaron el plan. Pero hubo otros planes, entre ellos uno de la senadora demócrata de California, Dianne Feinstein, que proponía legalizar a 300 mil trabajadores agrícolas por año durante tres años. Esos 900 mil trabajadores podrían solicitar su residencia legal en un período de tres a cinco años. Otro proyecto, de los senadores republicanos John Cornyn y Jon Kyl, propone que los indocumentados obtengan un estatus temporal de dos años, luego del cual deben regresar a sus países durante un año, y podrían repetir este proceso en tres oportunidades más. Estos proyectos quedaron estancados en el Congreso.
Diciembre de 2006.- La Cámara de Representantes aprueba un proyecto sobre inmigración muy parecido al que dio luz verde en diciembre de 2005, que resulta poco generoso con los indocumentados y está más concentrado en la seguridad en la frontera.
1 de mayo de 2007.- Se produce un asalto de la Policía de Los Angeles a una multitud de manifestantes que abogaban por la reforma migratoria en el Parque MacArhtur. Aparentemente el incidente fue provocado por un grupo radical que atacó a la policía desde los techos de edificios aledaños al parque. El informe final del suceso revela que la policía disparó 146 tiros de munición de impacto letal. Como resultado, 246 personas, entre ellas varios periodistas, y 18 policías resultaron heridos. Imágenes del enfrentamiento dieron la vuelta al mundo. Se lleva a cabo una intensa investigación.
25 de mayo de 2007.- El Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley de inmigración, por 62 votos a favor y 36 en contra, que podría abrir el camino de la legalización a por lo menos siete millones de los 12 millones de indocumentados que viven en este país. El proyecto, de los senadores republicanos Mel Martínez y Chuck Hagel, que tomó como base la propuesta Kennedy-McCain, habría permitido crear un programa de trabajadores temporales para indocumentados con cinco años o más en Estados Unidos, y habría abierto posibilidades similares para quienes han estado en el país entre dos y cinco años. Estos últimos tendrían que pedir su permiso de trabajo fuera de Estados Unidos. El texto también excluía a quienes tienen menos de dos años aquí. El documento imponía multas de hasta 200 mil dólares a las empresas que contratasen a indocumentados, y proponía destinar gran número de recursos a la seguridad en la frontera con México. Este proyecto también quedó estancado en el Congreso durante el proceso de reconciliación con el texto sobre el mismo tema que la Cámara de Representantes aprobó en diciembre de 2006.
Todo el año 2008.- Se desarrolla la campaña electoral que culminó en noviembre con la elección del actual presidente Barack Obama. El debate sobre la reforma migratoria no regresó al Congreso. Obama se había comprometido a aprobar una reforma a las leyes de inmigración en los primeros 12 meses de su mandato. En septiembre estalla la crisis hipotecaria y financiera de grandes proporciones que afecta todavía a Estados Unidos. En diciembre se conoce que el país había estado en recesión económica desde diciembre de 2007.
Todo el año 2009.- Estados Unidos afronta su peor crisis económica desde la Gran Depresión de los años 30 del siglo XX. No se discute la reforma migratoria. Grupos pro-inmigrantes y religiosos abogan, como cada año, por la aprobación de la reforma que Obama prometió durante su campaña electoral.
Enero de 2010.- El Center for American Progress y el Immigration Policy Center (IPC) presentan un estudio titulado, Elevando el Piso Salarial de los Trabajadores Estadounidenses, en el que se revela que componer el deteriorado sistema migratorio de la nación originaría beneficios económicos extraordinarios que mejorarían la situación de los trabajadores estadounidenses e impulsarían el crecimiento económico. De hecho, el informe refuta la "creencia convencional" de que la reforma migratoria es algo costoso e imprudente. El reporte señala que el producto interno bruto del país se incrementaría en un millón de millones, 500 mil millones de dólares ($1.5 trillion, en inglés) durante diez años si el Congreso aprueba un camino a la legalización de los inmigrantes indocumentados. Además, la Oficina de Presupuesto del Congreso calcula que si la reforma migratoria hubiese sido aprobada en 2006, habría generado 66 mil millones de dólares en nuevos ingresos e impuestos de nómina de parte de los inmigrantes, entre 2007 y 2016.
Finales de 2009 y 2010.- Cobra fuerza un movimiento conservador conocido como el Tea Party (Motín del Te o Partido del Te, en español) con fuertes críticas al presidente Barack Obama, cuya popularidad cae por primera vez por debajo del 50 por ciento. Obama dio prioridad a las reformas de salud, de energía y financiera. El Motín del Te se opone a la legalización de indocumentados y demanda mayor seguridad en la frontera.
Todo el año 2010.- Se intensifica una polémica entre grupos pro-inmigrantes y el alguacil del condado de Maricopa, Arizona, Joe Arpaio, quien actúa como agente de inmigración al amparo del programa 287 (g), que permite la colaboración de las autoridades locales con las del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés). Desde 2007, Arpaio ha contribuido al arresto y posible deportación de 26,146 indocumentados, cifra que representa el 25 por ciento del total de 115,841 arrestos de inmigrantes realizados por 64 organismos locales que cooperan con el nivel federal.
23 de abril de 2010.- La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, promulgó la controversial Ley SB 1070 que obliga a los inmigrantes a portar documentos migratorios y a las fuerzas del orden a vigilar la presencia de indocumentados, en ese estado fronterizo con México. La noticia produjo un aluvión de críticas de grupos de derechos humanos como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), la organización judía Centro Simon Wiesenthal, America's Voice, la Coalición Primero de Mayo por la Unidad 2010, el Centro para el Progreso de Estados Unidos y otras muchas. El mismo día, el presidente Barack Obama calificó de "irresponsable" la nueva ley de Arizona y abogó por una reforma a las leyes de inmigración de Estados Unidos.
25 de mayo de 2010.- Después de reunirse con senadores del Partido Republicano, el presidente Barack Obama anunció el envío de mil 200 integrantes de la Guardia Nacional hacia la frontera con México y su intención de solicitar al Congreso 500 millones de dólares adicionales para el emplazamiento de personal e instalación de tecnología en la zona fronteriza.
Principios de junio de 2010.- Una encuesta realizada por Rasmussen Reports revela que 58 por ciento de los entrevistados está en contra de que los hijos de indocumentados sean reconocidos como ciudadanos de Estados Unidos por el hecho de haber nacido en este país. Esta tendencia es más fuerte entre los republicanos (76 por ciento) y los independientes (60 por ciento). Por otra parte, 70 por ciento se pronunció a favor de sanciones más estrictas contra los empleadores que contraten a indocumentados, y 60 por ciento estuvo a favor de que se sancione a quienes renten o vendan propiedades a inmigrantes sin documentos migratorios. El mismo sondeo señala que 83 por ciento de los interrogados se manifestó molesto con Obama porque cree que el mandatario no está haciendo lo suficiente para mantener la seguridad en las fronteras de Estados Unidos. Sobre el mismo tópico, 67 por ciento respaldó la decisión del presidente de enviar soldados de la Guardia Nacional a la zona fronteriza con México.
1 de julio de 2010.- En su primer discurso totalmente dedicado a inmigración, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, expresó su apoyo a una reforma migratoria que solucione el tema de los 11 millones de indocumentados que viven en el país y fortalezca la seguridad de las fronteras estadounidenses. "Estoy listo para seguir adelante, la mayoría de los demócratas están listos para seguir adelante y creo que la mayoría de los estadounidenses también lo está", puntualizó el presidente. "Pero el hecho es que sin el apoyo bipartidista que tuvimos hace pocos años, no podemos resolver el problema", subrayó el mandatario.
9 de julio de 2010.- El gobierno de Estados Unidos aprobó una extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), que podría autorizar la permanencia en el país de 217 mil salvadoreños.
28 de julio de 2010.- En Phoenix, Arizona, la jueza federal Susan Bolton detuvo temporalmente la implementación de disposiciones importantes de la controversial ley SB 1070. La magistrada ha impedido, por el momento, la aplicación de la parte que habría permitido a los agentes del orden revisar el estatus migratorio de las personas que pudiesen ser detenidas por haber violado otras leyes, lo cual requería que los inmigrantes portaran sus documentos todo el tiempo. El fallo es parcial y temporal, y las disposiciones detenidas por la magistrada podrían restaurarse. Entra en vigor una debilitada Ley SB 1070 el 29 de julio. La gobernadora Brewer anuncia que apelará la decisión judicial.
5 de agosto de 2010.- El
Senado de Estados Unidos aprobó de manera
unánime una partida de 600 millones de dólares para aumentar
el número de agentes federales en la frontera y la operación
de vuelos de vigilancia de naves no tripuladas en esa zona. No se hizo
mención
alguna a la legalización de indocumentados.
10 de agosto.- La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó también
destinar 600 millones de dólares para el plan de seguridad en la frontera,
previamente aceptado por el Senado.
11 de agosto.- El Pew Hispanic Center reveló
un estudio que asegura que
340 mil de los 4.3 millones de niños que nacieron en este país
en 2008 fueron hijos de inmigrantes indocumentados.
En noviembre de 2010 se realizarán elecciones legislativas, en
las que además hay un número considerable de asientos vacantes
que están en juego. Los demócratas deben defender 13 de
esos puestos, y los republicanos 18. En total, los votantes se pronunciarán
por 36 de los 100 asientos del Senado. En la Cámara de Representantes,
los 435 asientos estarán en manos de los electores. Además,
36 de los 50 estados elegirán o reelegirán a sus gobernadores.
Algunos expertos señalan que en este contexto electoral, los legisladores
no se atreven a debatir una nueva reforma migratoria, después
del fracaso de dos intentos anteriores en 2006 y 2007.
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