Una Plegaria por Carolina del Sur
Este sábado pasado caminé por Plaza Fiesta Carolinas, uno
de los proyectos más bellos que se hayan concebido para presentar
a la comunidad latina, hacer negocios y permitir que todos ganaran.
El centro comercial, que tiene calles con nombres de las naciones latinoamericanas,
banderas con colores de los países hispanos, restaurantes donde
se puede comer un cebiche ecuatoriano, un lomo saltado peruano, unos tacos
al pastor mexicanos, queda en Fort Mill, Carolina del Sur, donde amenazan
con implementar para el 1 de enero del próximo año la ley
SB20, que es otra hija mal hecha de la SB1070 de Arizona.
Este fin de semana Plaza Fiesta era una verdadera fiesta. Los niños
corrían por los pasillos, los televisores mostraban el gol del Chicharito
en Inglaterra, y 300 obreros latinos visitaban una feria relacionada con
la construcción.
Y me dio una tristeza horrible que una propuesta así de hermosa
haya sido obstaculizada por el sentimiento antiinmigrante que aqueja a
un sector de los políticos de ese estado, donde todavía flamea
la bandera confederada en los predios de la Legislatura.
Carolina del Sur es un estado bello. Basta visitar Charleston y encontrarse
con la historia o llegar a los cultivos de flores y duraznos que pululan,
cerca de las autopistas.
Lo paradójico es que gracias a la gente que se quiere afectar con
la SB20, el estado recibirá entre 500 millones y mil millones de
dólares por haber logrado un representante a la Cámara adicional
en Washington.
El paso de 95 mil hispanos en 2000 a 235 mil en 2010 significó la
diferencia para que el estado, que tenía seis congresistas, ahora
tenga siete, algo que no ocurría desde hacia ochenta años.
Afortunadamente la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU)
decidió retar a la SB20 en las cortes y esperamos que el resultado
sea mejor que el de Alabama.
La SB20 permite que policía a averigüe el estatus de las personas
que se tenga una “sospecha” de que sean indocumentadas y crea
una Unidad de Combate a la Inmigración Ilegal como parte del Departamento
de Seguridad Pública, que costará más de un millón
de dólares.
Pero la SB20 fue solo la continuación de la Ley de Reforma de Inmigración
Ilegal de Carolina del Sur, que se firmó en 2008.
Mediante esa normativa, Carolina del Sur fue el primer estado que vedó la
entrada de estudiantes indocumentados a colegios comunitarios y universidades
estatales.
La medida determinó que es un delito transportar o dar techo a indocumentados.
Además, mandó realizar acuerdos con el Servicio de Control
de Inmigración y Aduanas (ICE) para que agentes locales procesen
la deportación de indocumentados.
Esa ley eliminó la creación de las ciudades santuario, y
estableció el E-Verify obligatorio para empresas públicas
y privadas.
Ojalá la demanda de la ACLU prospere para que no se le pongan trabas
al progreso y la diversidad.
Pero el meollo del asunto está en Washington, donde el gobierno
federal, tiene que actuar para que el país no tenga una colcha de
retazos de 50 normativas de inmigración diferentes.
Aunque es muy poco lo que se puede esperar de los políticos, incluso
de aquellos que aspiran a la presidencia y que visitan a Carolina del Sur
frecuentemente, como el afroamericano republicano Herman Cain, que en chiste
o en serio recomendó electrificar la cerca de la frontera entre
México y Estados Unidos para electrocutar a los que intenten pasar.
Y la candidata Michele Bachmann que impulsa un doble muro.
Nadie quiere más indocumentados en Estados Unidos, lo que se pide
es que los que ya están aquí, han trabajado duro y se han
comportado bien, se queden. Que sitios como Plaza Fiesta Carolinas prosperen
y no sea la terquedad y el odio los factores que obstaculicen a una iniciativa
tan linda.
(Rafael Prieto Zartha es el director editorial del
semanario Qué Pasa-Mi Gente, en Charlotte, Carolina del Norte. Cornelius
NC 28031. (704) 492-6062).
¿Dulce Hogar, Alabama?
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