Niños Inmigrantes y Estados Fallidos


Niños inmigrantes sobre unos de los trenes de la muerte.

Escena del documental "Cuál es el camino a casa", de la realizadora Rebecca Camissa, sobre los niños centroamericanos inmigrantes que atraviesan México en los llamados trenes de la muerte.

Niños Inmigrantes y Estados Fallidos

JESUS HERNANDEZ CUELLAR

La pobreza, la violencia, el miedo y la desesperanza están arrojando a decenas de miles de niños inmigrantes, procedentes de Centroamérica, a los brazos de la incertidumbre. Entre octubre de 2013 y mayo de 2014, un total de 34.611 menores centroamericanos han llegado solos a las fronteras de Estados Unidos, lo cual representa un aumento de 66% con respecto al mismo período del año anterior. Tan alarmante es el problema que Washington lo ha tomado como una crisis humanitaria.

 

 

Son niños que vienen de Honduras, Guatemala y El Salvador, donde los traficantes de seres humanos han desatado una campaña encaminada a convencer a las familias de que una vez que los menores lleguen a Estados Unidos no serán devueltos a sus países. El 20 de junio de 2014, el vicepresidente norteamericano Joe Biden aterrizó en Guatemala con dos paquetes de ayuda: 9.6 millones de dólares para la reintegración social de los deportados y 224 millones de dólares para programas de desarrollo social y seguridad. Los principales beneficiarios son los tres países centroamericanos mencionados y México. A través de la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos (USAID), se trabajará en las comunidades más violentas de la región para reducir factores de riesgo y evitar que la juventud se integre a las pandillas o sea víctima de ellas.

Los testimonios de los inmigrantes recién llegados a suelo estadounidense son aterradores. Ejecuciones, extorsiones, violaciones sexuales, miseria. Si para un adulto el traslado desde Centroamérica hasta las fronteras norteamericanas es una penosa odisea, mucho más lo es para un niño. Y si difícil es la vida en esas naciones para las personas mayores, peor aún podría ser para los menores, a muchos de los cuales la violencia los ha dejado huérfanos.

Esta crisis ha creado más problemas al gobierno de Barack Obama con la oposición republicana. En una carta dirigida al mandatario, el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, pidió al gobierno federal desplegar la Guardia Nacional en la frontera sur, algo que se hace solamente en situaciones extremas. También exigió a Obama garantizar la seguridad de los menores y su devolución a sus países de origen. Mientras esto ocurre, congresistas demócratas han sugerido a Obama aumentar el presupuesto de la llamada Iniciativa de Seguridad Regional para Centroamérica (CARSI) a 230 millones de dólares, ya que el presidente solamente pidió al Congreso 130 millones, es decir, 30 millones menos que el año anterior.

Obama ha pedido al Congreso 3.700 millones de dólares para acelerar el proceso de deportación de los niños, y fortalecer la seguridad en la frontera sur, en el marco de una muy politizada controversia con sus adversarios republicanos.

Millones y más millones para resolver un nuevo problema, uno más, de una larga lista vinculada a la pobreza y a la evidente incapacidad de ciertos gobiernos de la región de trabajar duro para crear suficiente bienestar, prosperidad y seguridad para sus pueblos. Además de la ayuda norteamericana para aliviar estos males, Guatemala recibió el año pasado 5.100 millones de dólares y El Salvador 3 mil millones en remesas de ayuda familiar, principalmente desde Estados Unidos. No pocos políticos norteamericanos están pensando muy seriamente, que la emigración descontrolada hacia el norte se ha convertido en un negocio redondo para algunos gobiernos y personas. En cuestión de meses, cada inmigrante se convierte en una máquina de enviar dinero a su país, sin que haya que invertir un solo centavo en ese inmigrante. Ese inmigrante y sus familiares son los que pagan los gastos de operaciones de esta lucrativa industria.

Tan sólo en 2013, las remesas de dinero en materia de ayuda familiar hacia América Latina y el Caribe fueron de un total de 61.251 millones de dólares, de los cuales México recibió la mayor parte, 21.600 millones, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entidad financiera que en 2013 hizo préstamos y donaciones para el desarrollo de la región por un total de 14 mil millones de dólares.

¿Qué están haciendo esos gobiernos, en serio, para aliviar la pobreza e impedir que el crimen organizado mantenga el extraordinario control que tiene sobre amplios sectores de la sociedad? ¿Por qué hay países asiáticos que han entrado al primer mundo, cuando hace pocos años eran más pobres que ciertas naciones de América Latina?

Las respuestas a estas preguntas podrían estar en un párrafo del comunicado de prensa de la organización Transparencia Internacional, en el que se anunció la publicación del Indice de Percepción de la Corrupción 2013. En ese comunicado se señala que más de dos tercios de los 177 países estudiados obtuvieron una puntuación inferior a 50, en una escala del 0 al 100. Este es el párrafo:

"La corrupción en el sector público sigue siendo uno de los mayores desafíos a nivel mundial…, especialmente en áreas como los partidos políticos, la policía y los sistemas judiciales. Las instituciones públicas deben tener mayor apertura con respecto al trabajo que desarrollan, y los funcionarios deben ser más transparentes sobre sus decisiones. Investigar y juzgar la corrupción sigue siendo una tarea manifiestamente difícil."

En toda América Latina, los únicos tres países que tienen niveles de transparencia similares o cercanos a los del primer mundo son Chile, Costa Rica y Uruguay, de acuerdo con las versiones del Indice de Percepción de la Corrupción de los últimos años.

“Es hora de detener a quienes cometen actos de corrupción impunemente. Los vacíos legales y la falta de voluntad política de los gobiernos facilitan la corrupción tanto interna como transnacional, y exigen redoblar nuestros esfuerzos para combatir la impunidad de los corruptos”, ha enfatizado Huguette Labelle, presidenta de Transparencia Internacional en el mismo comunicado.

En las naciones desarrolladas el gobernante no es el padre de la nación, es su empleado. Es un funcionario que tiene como jefe a toda la nación, y no al revés. Por eso se le obliga a rendir cuentas claras de lo que hace. El gobernante tiene que regirse por la ley, no puede violarla ni interpretarla a su imagen y semejanza. Tampoco le está permitido confundir los intereses de su país con los suyos propios ni con los de sus compadres. El gobierno es la institución en la que la sociedad ha depositado su confianza para que, con eficiencia y capacidad de conciliación, administre sus bienes y represente sus intereses. Las naciones que han triunfado en el mundo consiguieron sus éxitos porque crearon instituciones y leyes que están por encima de los hombres. Para las naciones exitosas en gobierno y economía, en ciencias e industrialización, en arte y cultura, no existen "hombres fuertes". Lo fuerte es el respeto a la ley, la vigencia de las instituciones, el talento y la preparación de los gobernantes para crear suficiente bienestar para sus pueblos. Esa es la única razón por la que no hay golpes de estado ni revoluciones armadas en Australia, Canadá, Francia, Inglaterra, Alemania, España, Japón, Estados Unidos y otros muchos países.

Si estos principios de funcionamiento de la sociedad no se integran a los genes de las naciones latinoamericanas, jamás asistiremos al espectáculo maravilloso de una América Latina desarrollada. Lo otro es lo que tenemos ahora en ciertos países de la región, con más de 200 años de vida independiente. Sencillamente, estados fallidos.

Es una pena que sean decenas de miles de niños los que paguen las consecuencias.

(Hernández Cuéllar es director y editor de Contacto Magazine, revista que fundó en julio de 1994 en Los Angeles, California. Desde 1981 ha trabajado en todo tipo de medios: agencias de prensa, diarios, radio, televisión, semanarios, internet, revistas y redes sociales. Fue redactor de la agencia EFE en Cuba, Costa Rica y Estados Unidos, así como editor metropolitano del diario La Opinión de Los Angeles, California, e instructor de periodismo de la Universidad de California en Los Angeles, UCLA).




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