

Miles Demandan la Legalización de Indocumentados
La batalla
por la aprobación
de una reforma migratoria integral tuvo otra vez como escenario la ciudad
de Los Angeles, California, en la que el 27 de marzo de 2010 se realizó una
marcha encabezada por líderes
comunitarios y religiosos.
El punto de concentración fue la esquina de las calles Olympic y Broadway, en el centro de Los Angeles. Desde allí comenzó a las 11 de la mañana el paso arrollador de los participantes rumbo a su destino final, Broadway y Temple. El nombre oficial del evento fue "Marcha por una reforma justa y humana".
Los miles de manifestantes portaban banderas de Estados Unidos y carteles, uno de los cuales tenía un mensaje muy curioso para el presidente de Estados Unidos. Decía: "Obama queremos amnistía para tu tía y para la mía", en referencia a una tía del mandatario que se encuentra en el país, sin documentos migratorios.
Esta marcha, que cuenta con el apoyo de por lo menos 20 organizaciones, se realizó siete días después de otra gigantesca que tuvo lugar en Washington D.C., la capital de Estados Unidos.
En declaraciones a la agencia de noticias EFE, el portavoz de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Angeles (CHIRLA), Jorge Mario Cabrera, dijo que la marcha era "la continuación de la movilización de nuestra comunidad hacia el logro de una reforma migratoria".
"Hay mucha decepción y mucha desconfianza en la comunidad, debido a que no parece haber resultados concretos", agregó Cabrera.
Cabrera anunció que el 10 de abril se realizarán otras actividades
en Los Angeles, con el propósito de conseguir la aprobación
de la reforma.
El evento contó con una amplia cobertura de los medios, encabezados por las
cadenas hispanas Univisión, Telemundo y CNN
en Español.
En 2006 y 2007, el Congreso de Estados Unidos debatió la posibilidad de aprobar una reforma migratoria que fortaleciera la seguridad en las fronteras estadounidenses, y abriera el camino hacia la legalización a por los menos 11 millones de indocumentados que viven en el país. En esos dos años no fue posible lograr la reforma. En 2008 la reforma fue prácticamente olvidada, en el fragor de la campaña electoral que llevó a Barack Obama a la Casa Blanca. Durante el primer año de gobierno, Obama concentró sus esfuerzos en una reforma sanitaria, aprobada recientemente, y en aliviar los efectos de la crisis económica que afecta a Estados Unidos y al resto del mundo.
Ahora en 2010 y en año electoral, los defensores de la reforma migratoria no se dan por vencidos. Tienen argumentos fuertes, y no hay dudas de que muchos congresistas están dispuestos a escuchar esos argumentos. El dinero que aportarían los indocumentados a la economía nacional, una vez legalizados, el aparentemente falso concepto de que los estadounidenses no respaldan una reforma migratoria, y la cantidad de votantes latinos que se pronunció en favor de Obama y los demócratas en 2008, son sus armas más sólidas para conseugir que se abra un nuevo debate.
Entre las herramientas para desmantelar la resistencia a la reforma, los líderes del movimiento pro-inmigrantes han utilizado un estudio del Center for American Progress (CAP) y el Instituto de Política Migratoria (IPC, en inglés), en el que se destaca el hecho de que la legalización de indocumentados aportaría 1.5 billones de dólares al Producto Interno Bruto de Estados Unidos, durante 10 años. El mismo estudio rebate la teoría de los grupos que proponen llevar a cabo una deportación masiva de indocumentados, al señalar que un proceso de esa naturaleza restaría 2.6 billones de dólares al país, también en una década.
En la batalla por la aprobación de la reforma, no sólo se están utilizando estudios de grupos liberales. También se han presentado documentos de instituciones conservadoras como el Instituto Cato, uno de los cuales indica que "la política de reducir el número de trabajadores inmigrantes no calificados en 28.6 por ciento, reduciría el bienestar de los hogares norteamericanos en aproximadamente 0.5 por ciento", cifra igual a 80 mil millones de dólares.
El Instituto Cato cree que del total de 12 millones
de indocumentados, unos 8.3 millones están integrados a la fuerza laboral de Estados Unidos.
Otra consideración del instituto es que "el impacto positivo
para los hogares norteamericanos de la legalización, bajo un impuesto
de visado óptimo, sería de 1.27 por ciento del Producto Interno
Bruto", lo que se traduciría a 180 mil millones de dólares.
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