 Los cuatro implicados en el caso del maletín venezolano ante el juez William C. Turnoff, al fondo, en un tribunal federal de Miami. De izquierda a derecha, Moisés Maionica, Franklin Durán, Carlos Kauffman, estos tres de Venezuela, y Rodolfo Wanseele, de Uruguay. |
ARTISTA/ SHIRLEY HENDERSON Tribunal Federal de Miami, Florida. |
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Relato de un Adinerado Maletín Llega a Miami
El suceso se originó el 4 de agosto pasado, en el aeropuerto bonaerense Jorge Newberry, cuando el empresario venezolano-estadounidense Guido Alejandro Antonini Wilson fue sorprendido por las autoridades de aduanas tratando de ingresar a Argentina ilegalmente un maletín con 790 mil 550 dólares en efectivo.
Antonini Wilson, de 46 años y contratista de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), viajaba en un avión fletado por la estatal energética argentina ENARSA, desde Caracas, cuando fue sorprendido en el aeropuerto de la capital argentina. Otras siete personas estaban a bordo, cuatro eran funcionarios de PDVSA y tres eran funcionarios argentinos. El gobierno argentino pidió explicaciones al de Venezuela. Poco después, el presidente Néstor Kirchner pareció satisfecho con la renuncia de Claudio Uberti, el funcionario argentino que habría ofrecido un asiento en el avión oficial a Antonini.
El 5 de agosto, el presidente venezolano Hugo Chávez viajó a Argentina, como tenía previsto.
La fiscal argentina María Luz Rivas Diez dijo en aquel momento que Antonini había realizado más de 12 viajes a Argentina en los pasados 12 meses, algunos de ellos con una estancia de menos de un día. Los gobiernos de Argentina y Venezuela dijeron que llevarían a cabo sus respectivas investigaciones sobre el caso. Hasta ahora no se conocen resultados de esas investigaciones.
La jueza argentina María Marta Novatti dictó una orden internacional de captura contra Antonini el 16 de agosto. El 7 de agosto, Antonini viajó de Buenos Aires a Montevideo, la capital de Uruguay. A finales de agosto, el empresario venezolano-estadounidense estaba aparentemente de regreso en su casa de Miami. Mientras tanto, una oficina de abogados de Buenos Aires, que defendía a Antonini, renunció a esa responsabilidad por el carácter político que había adquirido el hecho investigado.
La oposición argentina presentó una denuncia penal contra los funcionarios argentinos y venezolanos que viajaban en el avión de ENARSA junto con Antonini Wilson por "soborno trasnacional, encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo".
El ministro venezolano de Justicia, Pedro Carreño, dijo en agosto que el caso del dinero en efectivo confiscado a Antonini era "un asunto personal". "Si existe un objeto personal, ese es el maletín", dijo Carreño.
El escándalo pareció desvanecerse en medio de los discursos de la campaña electoral argentina, que en aquel momento tenía como favoritas a dos mujeres, Cristina Fernández, senadora y esposa del entonces presidente Kirchner, y la opositora Elisa Carrió. Fernández de Kirchner ganó la elección el 28 de octubre y es la actual presidenta del país suramericano.
A principios de diciembre de 2007, una vertiente del escándalo estalló en Miami, cuando el fiscal federal asistente Thomas Mulvihill acusó a cuatro venezolanos y un uruguayo de actuar como agentes extranjeros en suelo norteamericano y a dos de ellos de ofrecer a Antonini Wilson dos millones de dólares por ocultar la fuente de los casi 800 mil dólares confiscados en Argentina. Según el fiscal, la fuente habría sido el gobierno venezolano de Hugo Chávez, para influir en la campaña electoral argentina en favor de la actual presidenta Fernández de Kirchner. Antonini Wilson está cooperando con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, que ha realizado la investigación y puesto en manos de la fiscalía grabaciones de los acusados que presuntamente confirman el delito.
Los acusados fueron identificados en un tribunal federal de Miami por los nombres de Moisés Maionica, de 36 años, Franklin Durán, de 40, Carlos Kaufman, de 35, todos venezolanos, y Rodolfo Edgardo Wanseele Paciello, de 40 años, de Uruguay. Otros acusado, Antonio José Canchica Gómez, de 37 años y de nacionalidad venezolana, está prófugo.
Mulvihill no ha revelado los nombres de los dos acusados que habrían ofrecido a Antonini Wilson el supuesto soborno de dos millones de dólares por su silencio.
Fernández de Kirchner reaccionó furiosa a la noticia del escándalo en Miami y pidió a su canciller llamar a consulta al embajador norteamericano en Buenos Aires, para expresarle "el malestar argentino". También calificó el hecho de "basural de la política internacional". Por su parte, Chávez calificó el incidente de "una gran mentira" de Estados Unidos para "dañar la imagen" de Venezuela. "Lo que preocupa al imperio es la simpatía y la solidaridad entre los presidentes de Venezuela y Argentina", comentó Chávez.
El ex presidente Kirchner declaró el 18 de diciembre que las relaciones entre Argentina y Estados Unidos "no son buenas".
El jefe del gabinete argentino, Alberto Fernández, pidió a Estados Unidos que extradite a Antonini Wilson a la Argentina.
En una audiencia preliminar, el juez federal William C. Turnoff informó a los tres venezolanos de que permanecerán en prisión sin fianza, mientras que concedió al uruguayo Wanseele libertad a cambio de una fianza de 150 mil dólares. Wanseele tendrá que esperar a que la fiscalía presente una apelación a su libertad bajo fianza.
En la audiencia se dijo que el uruguayo de 40 años de edad, que ha vivido en Estados Unidos aproximadamente ocho años, sólo condujo el vehículo que llevó a Canchica, presuntamente el emisario del gobierno de Venezuela, hasta una cafetería Starbucks en la localidad floridana de Plantation, donde se reunió con Antonini, de acuerdo con una declaración del agente del FBI, Ryan Young.
Wanseele habría vigilado el área durante la reunión y luego habría trasladado de regreso al presunto emisario hasta su hotel a lo largo de una ruta de 40 millas (cerca de 80 kilómetros) para cubrir una distancia que en realidad apenas tenía siete millas (poco más de 12 kilómetros), según el agente del FBI.
En Argentina, la derrotada candidata de la oposición, Elisa Carrió, declaró a Radio Continental el 14 de diciembre que "lo que está sucediendo en Estados Unidos es normal, es tradicional: (Antonini) tiene la ciudadanía americana, se presenta, habla de una extorsión, se graba y lo que dicen es que el dinero finalmente venía para una campaña política y para una campaña política que obviamente era de la actual presidenta de la Argentina que es Cristina Kirchner".
"La justicia americana es independiente, no es una justicia manipulada al estilo de la Argentina, no se trata de una conspiración, se trata de alguien que en Estados Unidos está tratando de protegerse y evitar la extradición", agregó Carrió.
"Ahora, ¿es consistente lo que dice la acusación fiscal? Es absolutamente consistente. Vuelvo a insistir: si uno recuerda quiénes viajaban en ese avión y ahora nadie reclama el dinero, ese dinero venía para alguien, para alguien que además no desea reclamarlo", subrayó la ex candidata presidencial.
Si los acusados son declarados culpables, podrían ser condenados
a un máximo de 10 años de cárcel y a pagar multas de
hasta 250 mil dólares cada uno. Durán tiene una mansión
multimillonaria en la exclusiva zona de Key Byscaine, en Miami, al igual
que Antonini Wilson, quien no está acusado en este proceso.
Durán y Kauffman son accionistas de la compañía petroquímica
Venoco, que hace negocios con PDVSA. Sus críticos los califican de
miembros de la "boliburguesía", vocablo derivado de la revolución
bolivariana de Chávez con el que se califica a los miembros de una
élite empresarial que se han enriquecido durante el gobierno del polémico
líder venezolano.
El 28 de diciembre los acusados tendrán la oportunidad de declararse
culpables o inocentes. Antonini, sin dudas, ha contado ya su versión
del caso al FBI. Esta versión se conocerá en algún momento
del juicio, en el tribunal federal de Miami.
