Con la aprobación final del Senado de una nueva ley de seguridad en la frontera, el 12 de agosto de 2010, se ha cerrado un capítulo que podría ser el prólogo de un nuevo debate sobre la legalización de casi 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos. Así lo ve el senador demócrata Charles Schumer y otros partidarios de la medida. Los grupos defensores de los indocumentados piensan que es un desperdicio de dinero.
A un costo de 600 millones de dólares, esta ley permitirá desplegar en la frontera un total de 1,500 agentes de la Patrulla Fronteriza, inspectores de aduanas y otros funcionarios de inmigración, así como aviones no tripulados que vigilarán principalmente la zona que divide a México y Estados Unidos.
Según Schumer, este nuevo paso dará al gobierno de Barack Obama las armas necesarias para "combatir a narcotraficantes, contrabandistas de armas y seres humanos, delincuentes que lavan dinero y otros miembros del crimen organizado" en la frontera. El senador también cree que la aprobación final de la nueva medida romperá el bloqueo a que está sujeta actualmente la reforma migratoria que podría permitir la legalización de inmigrantes indocumentados, cuya aprobación en el Congreso de Estados Unidos fracasó en 2006 y 2007.
De acuerdo con el comisionado de Aduanas y Protección en la Frontera, Alan Bersin, la entrada de inmigrantes indocumentados a Estados Unidos ha disminuido en los últimos tiempos, pero el decomiso de armas y drogas ha aumentado.
Esta ley de seguridad en la frontera ha tenido implicaciones que van más allá del mundo latino. Su aprobación provocó una fuerte protesta del gobierno de la India, ya que el despliegue militar se financiará con un costo más alto por visas de trabajadores extranjeros que tendrán que pagar algunas empresas de tecnología de ese país asiático, que operan en Estados Unidos. ¿Por qué esas empresas? Según funcionarios del Senado, esto se debe a que esas empresas tienen ventajas frente a otras, en materia de importar un alto porcentaje de sus trabajadores inmigrantes. Las compañías afectadas serán Tata, Infosys, Wipro y Mahindra Satyam.
El ministro de Comercio e Industria de la India, Anand Sharma, envió una carta al representante comercial de Estados Unidos, Ron Kirk, en la que señala que "si bien se entiende la necesidad de Estados Unidos de fortalecer su seguridad en la frontera, es inexplicable que nuestras compañías tengan que pagar ese costo a través de una ley altamente discriminatoria".
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