DHS: ¿Legitimizando a Joe Arpaio?
MARIBEL HASTINGS
America’s Voice
WASHINGTON, D.C. - El “Sheriff más rudo del Oeste”, Joe
Arpaio, ya no tendrá (teóricamente) autoridad bajo el acuerdo
287(g) para arrestar en las calles a sospechosos de ser indocumentados, pero
el alguacil desafió al gobierno federal y condujo el viernes otro
operativo en las calles del condado de Maricopa, que incluye a Phoenix, echando
mano de la ley estatal anti-coyote, que acusa de conspiración a indocumentados
por haber pagado a algún traficante de personas para ingresar ilegalmente
a Estados Unidos.
El programa 287(g) autoriza a la policía local actuar como agentes
de inmigración. Se aplica para identificar indocumentados en las cárceles
y en las calles.
El DHS anunció que completó 55 acuerdos 287(g) con agencias
policiales locales. Otros 12 fueron aprobados y todavía deben ser
firmados por las agencias locales.
Pero la pregunta es, ¿por qué el Departamento de Seguridad
Nacional (DHS) le renueva a Arpaio el acuerdo 287(g), así sea sólo
para aplicarlo en las cárceles, cuando el alguacil es investigado
por el propio Departamento de Justicia por violaciones de derechos civiles?
Arpaio echa mano de perfiles raciales para detener a personas que se sospeche
son indocumentados, y en el proceso ha detenido a residentes legales, ciudadanos
estadounidenses, y ha aterrorizado a vecindarios latinos enteros.
De hecho, durante entrevistas recientes para alardear de que desafiaría
al DHS, Arpaio dijo que la ley federal le autoriza detener personas basándose
en su vestimenta, cómo hablan, y si se encuentran en zonas donde haya
concentración de indocumentados.
El problema es que el lenguaje citado por Arpaio se basa en una interpretación
legal inexacta.
El alguacil echó mano de un "análisis" legal preparado
por un grupo conocido por sus posturas anti inmigrantes: la Federación
para una Reforma Migratoria Estadounidense (FAIR) al que el Southern Poverty
Law Center designó como una organización que promueve el odio
racial.
Las tácticas de Arpaio han resultado en 3,500 demandas en su contra
y una investigación por parte de la división de derechos civiles
del Departamento de Justicia. Mientras tanto, miles de órdenes de
arresto por delitos serios se siguen acumulando en el condado.
Frank Sharry, director ejecutivo y fundador de America’s Voice, declaró que “a
Arpaio hay que frenarlo, no reautorizarle acuerdos”.
“La capacidad de las agencias del orden público de reducir la
criminalidad se afecta cuando grandes segmentos de la población temen
y desconfían de las autoridades. Arpaio, basándose en los consejos
legales de una organización anti inmigrante extremista, ha desvirtuado
este principio fundamental de la vigilancia comunitaria. En el mundo de Arpaio,
los latinos, las mismas personas que pueden colaborar con las autoridades
para identificar a verdaderos criminales, se convierten en blanco de sus
tácticas. Esperemos que el Departamento de Justicia intervenga y haga
lo que el DHS no ha hecho para ponerle punto final a este reino de terror”,
declaró Sharry.
Los operativos en los vecindarios del condado de Maricopa, por cierto, han
resultado en sólo 294 detenciones de indocumentados en los pasados
dos años. En el operativo que se inició el viernes fueron detenidas
16 personas, pero no se había indicado bajo qué cargos. Mientras
tanto, en las cárceles del condado han identificado 33,000 indocumentados
en el mismo periodo de tiempo bajo el programa 287(g).
Las leyes federales de inmigración deben ser aplicadas por el gobierno
federal, aunque en este caso se requiere una reforma de esas leyes porque
las actuales simplemente no funcionan y resultan en situaciones como la de
Arpaio: el terror de comunidades enteras en nombre de presuntamente ejercer
mano dura contra los indocumentados aunque en el proceso se lleven por delante
a ciudadanos y residentes legales y se violenten los derechos civiles indiscriminadamente.
Aparentemente al gobierno del cambio eso no le perturba.
Maribel Hastings es asesora de America’s Voice
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