Con la condición de que se destinen cuatro mil 400 millones de dólares
a la seguridad de la frontera con México y se sancione a los empleadores
que contraten a indocumentados, los senadores que se oponían a la reforma
migratoria de Estados Unidos parecen ahora dispuestos a resucitar los debates
sobre la misma.
El 14 de junio, los líderes del Senado, alentados por el presidente George
W. Bush, estuvieron de acuerdo en reanudar el debate sobre la reforma. En el
marco de las discusiones, aparentemente, republicanos y demócratas tendrán
la oportunidad de presentar una veintena de enmiendas en total.
Al final de la discusión, el anteproyecto del Senado tendrá que
recibir 60 votos a favor para que sea aprobado. Todo parece indicar que el texto
final podría ser sometido a votación la tercera semana de junio.
Por el momento, las enmiendas básicas del plan del Senado para la legalización
de indocumentados son la condición de que los solicitantes paguen una
multa de cinco mil dólares y que los cabezas de familia salgan de Estados
Unidos para recibir en su país de origen un permiso temporal de residencia
para todos los miembros del núcleo familiar.
Los cuatro mil 400 millones de dólares para la seguridad en la frontera
se destinarían de manera inmediata.
El debate de la reforma se detuvo a principios de junio cuando el líder
de la mayoría demócrata, Harry Reid, lo dio por terminado ante
una avalancha de enmiendas presentadas por republicanos, que, según Reid,
tenían la intención de bloquear la aprobación del anteproyecto
senatorial.
Los republicanos acusaron a Reid de imponer un texto preconcebido, sin darles
la oportunidad de agregar enmiendas, mientras que los demócratas acusaron
a los republicanos de presentar un nuevo castigo para los indocumentados, en
cada nueva enmienda.
Se calcula que en Estados Unidos viven actualmente 12 millones de inmigrantes
indocumentados, de los cuales unos ocho millones son latinos y de ellos, más
de seis millones proceden de México.
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