Inmigración - Problemas sin Resolver
MARIBEL HASTINGS
America’s Voice
WASHINGTON – Dos desarrollos en una semana: un reporte sobre el descenso
en la cifra de indocumentados en Estados Unidos, y una demanda contra un
alguacil, Joe Arpaio, notorio precisamente por perseguir indocumentados,
y señalado por emplear perfiles raciales y violentar derechos civiles
en el proceso.
El Departamento de Justicia demandó a Arpaio, alguacil del condado
de Maricopa, Arizona, por no colaborar con la pesquisa que se conduce en
su contra por prácticas discriminatorias y violaciones al Título
VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964.
De otra parte, un reporte del Centro Hispano Pew documentó una baja
de indocumentados en Estados Unidos. Entre marzo de 2007 y marzo de 2009
ingresaron, en promedio, 300 mil inmigrantes anualmente comparado con 850
mil por año entre 2000 y 2005.
El informe no ofrece razones, pero indica que “durante el lapso cubierto
por el análisis han habido importantes cambios en el nivel de aplicación
de leyes y estrategias migratorias, así como significativas fluctuaciones
en la economía de Estados Unidos”.
Obviamente la crisis económica es factor para el descenso.
Y obviamente, el gobierno apuntará al reforzamiento de la frontera,
las redadas y el alza en las deportaciones como factores para desalentar
los cruces, aunque la masacre de Tamaulipas y el aumento de muertes de migrantes
en el desierto de Arizona son prueba de que otros siguen arriesgándolo
todo, incluso su vida, para llegar a Estados Unidos.
Arpaio también se acredita miles de deportaciones. Según reportó la
Prensa Asociada, la oficina del alguacil de Maricopa “fue responsable
de la deportación o salida forzosa de 26,146 inmigrantes desde 2007”,
casi una cuarta parte de las 115,841 deportaciones adjudicadas a 64 agencias
que participan del programa 287(g) que convierte a policías estatales
en agentes de inmigración.
Con todo, aunque los indocumentados sean menos, siguen viviendo 11.1 millones
entre nosotros. El Centro Hispano Pew dice que “a pesar del reciente
descenso, la población de inmigrantes no autorizados en 2009 era casi
una tercera parte (32%) mayor que en el año 2000 cuando eran 8.4 millones.
El tamaño de este sector se ha triplicado desde 1990, cuando eran
3.5 millones”.
La realidad es que a nadie ayuda que prevalezca esta situación. Ni
a nuestra economía ni a nuestra seguridad nacional, ni a nuestros
valores como nación.
En su columna en el diario The Washington Post, Edward Schumacher-Matos escribió que
en 2007 el fondo fiduciario del Seguro Social recibió un beneficio
neto de entre 120 mil y 240 mil millones de dólares de inmigrantes
indocumentados. Se calcula que en el año 2007, dos terceras partes
de los trabajadores indocumentados, casi seis millones de personas, estaban
pagando impuestos al Seguro Social contribuyendo a la solvencia del programa.
“El beneficio que recibimos de los inmigrantes no autorizados es especialmente
irónico”, escribió Schumacher-Matos.
Otra realidad: Arpaio seguirá escudando sus cuestionables prácticas
bajo el manto de la seguridad aunque violente derechos civiles, ignore más
de 40 mil órdenes de arresto por delitos graves en su condado, desbarate
la relación entre la comunidad y las agencias del orden que se suponen
la protejan, y ponga en peligro 113 millones de dólares en fondos
federales para su condado condicionados a que no se discrimine contra los
residentes.
La demanda del Departamento de Justicia contra Arpaio por no colaborar es
bienvenida, pero más lo sería que, tras 17 meses de pesquisa,
realmente le pusieran un hasta aquí a sus excesos porque ni las acciones
de Arpaio ni el descenso en la cifra de indocumentados reportado por Pew
borran la mayor de las realidades: el problema de fondo sigue sin resolverse.
Maribel Hastings es asesora ejecutiva y analista de America’s Voice
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