La razón por la que el Congreso de Estados Unidos y el propio presidente Barack Obama no han decidido afrontar de una vez por todas una reforma migratoria, parece estar más clara después de una encuesta realizada a principios de junio de 2010, que revela un fuerte rechazo del electorado norteamericano a otorgar beneficios a los inmigrantes indocumentados.
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La encuesta fue realizada por Rasmussen Reports entre el 1 y el 2 de junio. La misma revela que 58 por ciento de los entrevistados está en contra de que los hijos de indocumentados sean reconocidos como ciudadanos de Estados Unidos por el hecho de haber nacido en este país.
Esta tendencia es más fuerte entre los republicanos (76 por ciento) y los independientes (60 por ciento).
Por otra parte, 70 por ciento se pronunció a favor de sanciones más estrictas contra los empleadores que contraten a indocumentados, y 60 por ciento estuvo a favor de que se sancione a quienes renten o vendan propiedades a inmigrantes sin documentos migratorios.
El mismo sondeo señala que 83 por ciento de los interrogados se manifestó molesto con Obama porque cree que el mandatario no está haciendo lo suficiente para mantener la seguridad en las fronteras de Estados Unidos. Sobre el mismo tópico, 67 por ciento respaldó la decisión del presidente de enviar soldados de la Guardia Nacional a la zona fronteriza con México.
Según el informe de Rasmussen, para los entrevistados "es más importante tener el control de la frontera que buscar la legalización de trabajadores indocumentados".
La controversial ley SB 1070 de Arizona, que autoriza a policías y alguaciles locales a arrestar personas indocumentadas, también estuvo bajo la luz de las encuestas. Un sondeo telefónico del diario The Wall Street Journal y la cadena de televisión NBC indicó que 64 por ciento de los entrevistados favorece la polémica ley.
Un sondeo similar del Centro Nacional Pew y la cadena de diarios McClatchy puso de manifiesto que 61 por ciento de los encuestados respalda la ley de Arizona.
En Estados Unidos viven aproximadamente 11 millones de indocumentados, de lo cuales se calcula que ocho millones son latinos, y unos seis millones son mexicanos. Hay indocumentados de casi todas las nacionalidades latinas.
El rechazo a la inmigración indocumentada perjudica
fundamentalmente a los mexicanos, entre los grandes grupos nacionales latinos.
Entre esos grupos, después de los mexicanos, que son entre legales
e indocumentados alrededor de 30 millones, están
4.5 millones de puertorriqueños que son ciudadanos norteamericanos
por ser Puerto Rico un Estado Libre Asociado; y más de un millón
y medio de cubanos se benefician de la Ley de Ajuste Cubano por la dictadura
comunista de 51 años que prevalece en Cuba. Entre los grupos regionales,
gran parte de los más de dos millones de centroamericanos que viven
en Estados Unidos están protegidos por el Estatus de Protección
Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) o la Ley Nacara. Colombianos,
peruanos, ecuatorianos y argentinos, entre otros suramericanos, tampoco disfrutan
de protección migratoria alguna.
Por su parte, Canadá, socia de Estados Unidos y México en el Tratado de Libre
Comercio de Norteamérica, suspendió el beneficio de que los mexicanos pudiesen
ingresar a su territorio sin visas.
Estas encuestas se dan a conocer en un momento en que Estados Unidos sufre
una tasa de desempleo de 9.7 por ciento, con un total de aproximadamente
15 millones de desempleados y 12 millones de subempleados. Economistas entrevistados
por el diario The Wall Street Journal indican que para llegar al
nivel de 6 por ciento en la tasa de desempleo, un punto más de lo
que había
antes de comenzar la recesión en diciembre de 2007, Estados Unidos
necesitaría
crear 400 mil empleos por mes hasta el año 2013. El sector privado
norteamericano apenas creó 41 mil empleos en mayo de 2010, y los casi
400 mil empleos generados por el gobierno este año, son en gran parte
de trabajadores temporales del censo de población, proceso que concluye
este verano.
También se divulgan los sondeos días después de una marcha gigante en Phoenix,
Arizona, en protesta contra la ley SB 1070.
México padece actualmente una terrible ola de violencia provocada por el
crimen organizado, con miles de muertos cada año. El presidente mexicano
Felipe Calderón prácticamente ha militarizado el país para combatir a narcotraficantes
y secuestradores.
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