Se Cobran Impuestos Ilegales a la Propiedad
La pequeña ciudad californiana de Bell, sumida en un escándalo político de grandes proporciones por los supersalarios de sus representantes públicos, cobró impuestos a los propietarios de viviendas más altos que los permitidos por las leyes estatales de California. Esto significaría otro escándalo que afecta directamente a dueños de casas y de otras propiedades situadas en los predios de ese municipio.
Una nota enviada a Contacto Magazine el 13 de agosto de 2010 por el contralor del Estado, John Chiang, señala que esa oficina estatal informó al condado de Los Angeles que "por años la ciudad de Bell ha cobrado impuestos a la propiedad más altos que lo permitido por la ley estatal".
La Oficina del Contralor de California calcula que los propietarios de viviendas pagaron "un estimado de tres millones de dólares extra en impuestos durante los últimos tres años".
"Mientras mi investigación de la ciudad de Bell continúa, estos impuestos ilegales tienen que detenerse inmediatamente", manifestó Chiang en su carta al condado de Los Angeles. "Los dueños de viviendas y otras propiedades no deben pagar el precio por esta administración fiscal tan pobre".
La carta de Chiang explica que el Concejo Municipal de Bell (gobierno local) "comenzó a subir los impuestos a la propiedad en 2007 para pagar sus obligaciones de pensiones, aun cuando la ley estatal impone un límite para esos impuestos similar a la tasa que se utilizaba en el año fiscal de 1983-84".
La carta instruye al condado de Los Angeles a reducir el impuesto a la propiedad en Bell lo antes posible, que debe ser, según un ejemplo que aparece en la misiva, de un ahorro mínimo estimado de 250 dólares anuales para una propiedad de 275 mil dólares.
Por otra parte, el 9 de agosto el fiscal general de California, Edmund G. Brown Jr., exigió la entrega de más documentos de la ciudad de Bell, y citó a funcionarios de ese municipio a comparecer en audiencias bajo juramento. El nuevo tema fue generado por denuncias de residentes de Bell de posibles irregularidades en los procesos electorales de la ciudad, relacionados con las boletas de votantes ausentes.
Según Brown, las denuncias indicaron que funcionarios municipales habrían exhortado a los residentes a llenar boletas de votantes ausentes y luego habrían tomado en sus propias manos esas boletas, cuando la ley exige que ese tipo de documento electoral debe ser enviado por correo.
"Si estos argumentos son ciertos, ello podría representar una seria violación de la ley estatal", manifestó Brown, quien se propone facilitar la comunicación de ciudadanos afectados por esa supuesta práctica, a través del número telefónico gratuito 866 625 4400, especialmente de aquéllos que ya no residen en Bell.
Brown comenzó a investigar a los funcionarios de Bell el 22 de julio de 2010, luego de informes aparecidos en medios de comunciación de que el administrador de la ciudad, Robert Rizzo, ganaba un salario de 787.637 dólares al año; el jefe de la Policía, Randy Adams, ganaba 457 mil dólares, y la subadministradora municipal Angela Spaccia recibía un salario de 376.288 dólares. Los tres funcionarios renunciaron a sus cargos.
Cuatro de los cinco concejales de Bell recibían salarios cercanos a los 100 mil dólares anuales, pero luego de protestas ciudadanas estos funcionarios redujeron sus estipendios a ocho mil dólares.
Bell es un suburbio del sureste de Los Angeles,
que cifras del Censo del año 2000 indican que tenía hace
una década
una población de 36 mil 624 habitantes, gran cantidad de ellos
hispanos.
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