El Gobierno Federal Demanda a Arizona por la SB 1070
El Departamento de Justicia de Estados Unidos entabló una demanda el 6 de julio de 2010 contra el estado de Arizona con el propósito de eliminar la controversial ley SB 1070, que autoriza a los policías locales a arrestar a las personas que no tengan sus documentos migratorios en regla.
La pieza clave de la demanda es el derecho constitucional del gobierno federal a dirigir las cuestiones de inmigración, por encima de las decisiones de los gobiernos estatales. Al mismo tiempo, el documento contiene elementos relacionados con los derechos civiles, mediante el argumento de que la ley de Arizona podría conducir a actos de discriminación contra ciudadanos de Estados Unidos y extranjeros que viven legalmente en este país.
En estos momentos, con la demanda del gobierno federal, hay aproximadamente seis litigios contra el estado de Arizona por la SB 1070, presentados sobre todo por organizaciones defensoras de los derechos civiles.
Funcionarios de Arizona habían defendido la ley con el argumento de que no se trata de una medida discriminatoria, sino una acción encaminada a proteger la frontera del estado ante el avance del crimen organizado y otras actividades procedente de México. También habían pedido al gobierno federal que no demandara a Arizona.
La demanda del gobierno de Barack Obama contiene además declaraciones de funcionarios de organismos federales en las que se afirma que la ley de Arizona obstaculizaría la aplicación de las leyes federales en la frontera con México.
La demanda del gobierno federal produjo una serie de reacciones de organizaciones diversas.
"El Departamento de Justicia adoptó una fuerte postura el día de hoy en contra de la ley de inmigración de Arizona la cual exige “mostrar los papeles” al presentar una demanda, desafiando esta ley radical. Con este litigio, el Departamento de Justicia vuelve a imponer su control sobre la política inmigratoria a nivel nacional—y es a nivel nacional donde la política inmigratoria pertenece", declaró Angela M. Kelley, vicepresidenta de política del Centro para el Progreso de Estados Unidos.
"Los estados no pueden crear sus propias leyes inmigratorias, por las mismas razones que no pueden imprimir su propia moneda o firmar tratados con otros países", subrayó Kelley.
Janet Murguía, presidenta del Consejo Nacional de la Raza, manifestó en un comunicado de prensa que la SB 1070 "produjo atención nacional hacia la crisis de inmigración, pero hay más política que soluciones políticas detrás de esa ley".
"De manera vergonzosa habla de la frustración legítima que hay por la quiebra del sistema migratorio, pero no resuelve el problema, abre las puertas a la discriminación racial", agregó Murguía.
El director ejecutivo de America's Voice, Frank Sharry, fue otro que elogió la demanda federal contra la ley de Arizona.
“Por fin se están tomando acciones concretas”,
declaró Sharry subrayando que el litigio abierto por el gobierno
de Barack Obama "es una acción concreta para proteger a
los inmigrantes, no sólo de Arizona sino de otros estados".
“Pero lo que queremos ver es más acción”,
agregó Sharry refiriéndose a que tanto la administración
como el Congreso pueden apoyar medidas como la DREAM Act y AgJOBS para
legalizar a jóvenes y trabajadores agrícolas, y a que
también pueden reorientar sus prioridades a la hora de aplicar
las leyes migratorias para que verdaderamente se enfoquen en ‘lo
peor de lo peor’.
Por su parte, la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color (NAACP, por sus siglas en inglés) también elogió la demanda federal.
"Esta ley (SB 1070) no tiene relación alguna con los valores norteamericanos de justicia e igualdad", señaló el presidente de la NAACP, Benjamin Todd Jealous.
La ley, dijo Todd Jealous, "alienta la discriminación racial, es inconstitucional y representa una violación de los derechos humanos básicos".
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