
El presidente de Brasil, Luis Inacio Lula da Silva, se encuentra bajo una fuerte lluvia de críticas en su país, por el papel que ha jugado su gobierno en la crisis de Honduras, al permitir al depuesto presidente Manuel Zelaya usar la embajada de la nación suramericana como tribuna.
Legisladores oficialistas y opositores han pedido a Lula que ponga fin al uso que Zelaya está haciendo de la sede diplomática brasileña en Tegucigalpa.
"Las actividades de Zelaya son inaceptables", manifestó a la agencia británica de noticias Reuters el presidente del comité de Relaciones Exteriores del Senado de Brasil, Eduardo Azeredo, quien destacó que esas actividades "debilitan la posición y la imagen internacional" de su país.
De acuerdo con este legislador, Brasil debe conceder asilo político formalmente a Zelaya y sacarlo de Honduras. Azeredo cree que el gobierno de Brasil debe permanecer en defensa del líder electo democráticamente, pero sin estar directamente involucrado en la disputa.
Por su parte, el ex presidente brasileño José Sarney, aliado de Lula, también criticó la decisión de Brasilia de permitir a Zelaya utilizar la embajada brasileña como plataforma política.
"Transofrmar la embajada en un cuartel de campaña es una exageración", dijo Sarney. "Ese exceso no es bueno para Brasil ni para Zelaya", agregó con el comentario de que la sede diplomática debe apegarse a las reglas internacionales de no intervención en los asuntos internos de Honduras.
Algunos críticos internacionales han calificado el ingreso de Zelaya en la embajada de Brasil en Tegucigalpa como un complot a cuatro manos entre Venezuela, que ha financiado la logística; Nicaragua, que ha prestado su territorio; El Salvador, que permitió el paso de Zelaya rumbo a Honduras; y Brasil, que prestado su embajada.
El canciller brasileño Celso Amorim defendió la posición de su gobierno indicando que "lo que está en juego no es sólo un pequeño país, sino el futuro de la democracia en América Central".
Según Amorim, "tolerar este golpe estimularía a otros en la región".
Grandes medios de comunicación brasileños se han sumado también a las críticas a Lula, con editoriales y caricaturas, entre ellos el influyente diario O Globo. En un editorial, este diario dijo que "es deplorable que Brasilia haya caído en una trampa de (Hugo) Chávez".
El gobierno de facto de Honduras, encabezado por el ex presidente del Congreso y ex aliado de Zelaya, Roberto Micheletti, ha dado a Brasil 10 días para definir la situación de Zelaya dentro de la embajada brasileña. Lula, por su parte, ha rechazado el ultimatum de Micheletti.
A finales de septiembre, Zelaya ingresó sorpresivamente en Honduras y se dirigió a la embajada de Brasil, donde fue acogido. Este hecho provocó manifestaciones a favor y en contra del mandatario depuesto, quien ha sido acusado de incitar a la insurrección desde la sede diplomática brasileña.
Por su parte, el gobierno de facto hondureño ha sido acusado de suspender las garantías constitucionales a la ciudadanía y de cerrar dos medios de comunicación, críticos de Micheletti, quien luego anunció que el Consejo de Ministros analizaría la posibilidad de restablecer dichas garantías.
El pasado 28 de junio, militares hondureños ocuparon la casa de gobierno, arrestaron a Zelaya y lo deportaron a Costa Rica, presuntamente en cumplimiento de una orden del Tribunal Supremo y del parlamento hondureño. La razón de este golpe, según los protagonistas del mismo, fue que Zelaya violó la ley electoral de su país al tratar de imponer un referendo programado para el 29 de junio. La impresión de las boletas del referendo habría sido financiada por Venezuela. Días antes del referendo, Zelaya irrumpió por la fuerza en un cuartel militar, acompañado por un grupo de seguidores, para obligar a los soldados a instalar las urnas. El general Romeo Vásquez, jefe del ejército hondureño y pariente de la esposa de Zelaya, se negó a cumplir la orden de colocar las urnas. Zelaya lo destituyó, pero el Tribunal Supremo de Honduras dejó sin efecto la orden del mandatario y reinstaló al militar en su cargo.
La comunidad internacional ha aislado al gobierno de
facto hondureño,
y está por ver si los resultados de las elecciones generales programadas
para el próximo 29 de noviembre, van a ser reconocidos por gobiernos
extranjeros. La campaña electoral están en marcha, con la participación
inclusive del candidato del Partido Liberal, al que pertenecen Zelaya y Micheletti.
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