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México - Cuando los Ciegos... Empiezan a Ver Luz

Ante la incapacidad del gobierno de México para detener la ola de violencia que azota a más de la mitad de los estados del país, algunas comunidades han decidido hacer justicia con sus propias manos.

JOSE LUIS SIERRA

Ciudad Juárez, Chihuahua, México - No hay más ciego que el que no quiere ver… dice un refrán popular mexicano. Pero en un país que parece gobernado por tuertos que durante décadas, si no es que por lo menos dos siglos, sólo han visto el beneficio personal y han guiado a un pueblo con promesas incumplidas y verdades a medias, los ciegos empiezan a ver la luz.

No es una luz clara que les permita dilucidar el mejor camino a seguir. Ni siquiera es una luz que les permita entender las condiciones de su entorno y planear una dirección especifica. Pero al final de cuentas es al menos una luz. Cansados por el abandono y manipuleo del que han sido víctimas durante gran parte de sus vidas; hastiados de escuchar planes, proyectos, iniciativas, operativos, operaciones especiales y operaciones conjuntas que lejos de dar resultados los han sumido más en la oscuridad y el desamparo, han empezado a ignorar al tuerto que los dirige y a forjar por sí mismos su propio destino.

Tal es el caso del linchamiento este martes pasado de dos secuestradores en el poblado de Ascensión, Chihuahua – unas 2 horas al suroeste de Ciudad Juárez- luego del plagio temporal de una menor que fue secuestrada mientras trabajaba sirviendo clientes en un pequeño restaurant de mariscos.

No era la primera víctima. Según reportaron a los medios varios de los pobladores de esta comunidad de aproximadamente diez mil habitantes, en los últimos cuatro meses se habían reportado 30 secuestros con la intención de los criminales de exigir un botín. Una de las víctimas de esta racha fue asesinada y otra rescatada por los cuerpos militares; sin embargo, en los otros 28 plagios los secuestradores lograron cobrar las recompensas exigidas a cambio de la liberación de sus víctimas. Algunos familiares de las victimas reportaron contar con recibos bancarios de los depósitos que tuvieron que efectuar. No obstante, afirmaron muchos después del linchamiento, ninguna autoridad investigó estas agresiones pese a las repetidas denuncias.

“Esta manifestación de hartazgo es consecuencia de las omisiones cometidas por las autoridades estatales y federales que se olvidaron de los municipios pequeños como éste, al concentrar toda su atención en Juárez y Chihuahua”, planteó el alcalde Rafael Lorenzo Camarillo Remetería en una entrevista con un reportero del Diario de Juárez.

Coincidentemente, emulando un controvertido editorial publicado el pasado fin de semana por el mismo diario, también victima de la violencia con el ataque efectuado el pasado día 16 a dos de sus reporteros gráficos y durante el cual uno fue asesinado y el otro resulto herido, Camarillo expresó una petición a los criminales para que “los dejen trabajar” y sacar adelante a sus familias mediante actividades licitas.

Síntomas de un Estado Fallido

No obstante, el sentir del grueso de la población, no solamente de Ascensión, sino del estado de Chihuahua, es que las autoridades de todos los niveles (federal, estatales y municipales), no pueden controlar al crimen organizado. Lo que es peor, cada vez es más fuerte la percepción de que la razón principal de que no pueden se debe a que estas mismas están coludidas con el crimen organizado.

La semana pasada, diversos sectores de la población expresaron su oprobio a la liberación de cuatro individuos acusados de más de medio centenar de secuestros y homicidios en Ciudad Juárez, debido principalmente a errores cometidos por agentes del Ministerio Publico –algunos de ellos tan incomprensibles como equivocarse en la fecha en la que los crímenes fueron cometidos.

Una investigación realizada este año por las organizaciones no gubernamentales Asamblea Ciudadana Juarense y Frente Nacional Contra la Represión, revela que más del 90% de los asesinatos violentos efectuados en Juárez durante los últimos dos años no han sido investigados.

“La población atemorizada por la militarización de la ciudad no acierta a manifestarse contundentemente contra la política criminal del gobierno federal de Felipe Calderón, quien parece ser el único que aprovecha los eventos violentos para mantener una guerra irresponsable y tratar de obtener un poco de legitimidad que no ganó en las urnas”, manifiesta el estudio realizado por las organizaciones mencionadas mismo que concluye que la permanencia de Calderón en el poder “es un peligro para México y tiene que salir de la presidencia, pues de lo contrario la vida de cada una y cada uno de los juarenses se encuentra en peligro”.

No obstante, pese a los numerosos operativos de seguridad desplegados por fuerzas militares y policiacas, las ejecuciones continúan a diario. No hay lugar seguro, familias enteras han sido aniquiladas en sus propios hogares. Otros, sin deberla ni temerla, han resultado ser parte de los llamados “daños colaterales’, citados por Calderón, y han sido ejecutados en bares, restaurantes o zonas públicas, debido a la mala fortuna de haber estado cerca de algún individuo marcado por las mafias que se disputan el territorio dentro de un clima de casi total impunidad.

Decenas más han sido aniquiladas por las mismas fuerzas del orden, bajo el argumento de no haber respondido a las órdenes de detenerse en los retenes de vigilancia o de manifestar actitudes de aparente peligro para las autoridades.

Según datos proporcionados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en lo que va de la presente administración del presidente Calderón se han reportado un total de 4.167 quejas, o violaciones, con una marcada tendencia que empezó con ocho denuncias en el 2006 y alcanzó su punto álgido el año pasado con 1.644; pero al igual que los secuestros, extorsiones y otros crímenes menores, la mayoría de estas faltas no las reporta la población por miedo a futuras represalias.

Cierto, la guerra contra el narco emprendida por el gobierno mexicano desde hace cuatro años ha permitido la captura –o autoentrega- de varios líderes de los carteles pero la incompetencia desplegada por el sistema judicial mexicano durante esta campaña, aunada a las numerosas violaciones cometidas contra la ciudadanía por las fuerzas militares y policiacas –además de las continuas acusaciones de corrupción de los funcionarios gubernamentales- empiezan a calentar los ánimos de la población al grado que lo ocurrido recientemente en el poblado de Ascensión, podría marcar la pauta para acciones ciudadanas más radicales.

Cada vez son más los investigadores sociales y analistas políticos que pronostican que la ciudadanía, especialmente de los estados más afectados por esta campana, está llegando al punto crítico de tomar la justicia por su cuenta y responder con la misma moneda al clima de violencia que están viviendo. Oscar Máynez, criminólogo y catedrático de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, opinó que la reacción de los residentes del poblado de Ascensión fue una reacción “lógica”, a la falta de atención de las quejas presentadas a las autoridades.

Opiniones similares empiezan a surgir de grupos que generalmente se han alineado a la política del gobierno, como es el sector empresarial. Federico Ziga Martínez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ciudad Juárez, expresó que dicho organismo no avala los hechos que ocurrieron en Ascensión, pero tampoco los reprocha.

“Ante la nula aplicación de la justicia, estamos expuestos todos los ciudadanos a una serie de actos de estos grupos y de la delincuencia común”, opinó a los medios informativos Ziga Martínez.

“Ya sucedió en varias partes, aquí en Juárez agarraron a unos rateros y los golpearon, en Chihuahua una señora asesinó a sus asaltantes y ahora en Ascensión la gente atrapa a estos secuestradores y los mata”, indicó el empresario.

Juego de Números

Según datos oficiales del 2005 a mediados del presente año los secuestros en México han aumentado en un 317%, lo cual equivale redondeando cifras que mientras que hace cinco años se reportaba en promedio un secuestro diario; en la actualidad se reportan poco más de tres. Pero las cifras distan mucho de mostrar la realidad debido a que por miedo un alto porcentaje de familias opta por no reportar la desaparición de sus seres queridos.

La “cifra negra”, como han dado por llamarle podría alcanzar hasta diez veces mayor que la reportada. Un estudio realizado por la organización no gubernamental del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal y difundido recientemente por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), estima que el secuestro en México tiene una tasa de no denuncia del 75%. Aun familias de figuras influyentes -como es el caso del connotado abogado e ideólogo del Partido Acción Nacional (PAN), Diego Fernández de Ceballos, secuestrado el pasado 15 de mayo y por el cual se llegó a decir que solicitaban una recompensa de 50 millones de dólares- se resisten a pedir la intervención de las autoridades por miedo a poner en riesgo la integridad física de la víctima.

El problema se complica de manera exponencial debido a que el mismo gobierno federal admite que todas las agencias policiacas en todos los niveles (federal, estatal y municipal) han sido infiltradas por el crimen organizado, y que pese a las limpias que han realizado en los últimos cuatro años el problema persiste.

Cifras extraoficiales basadas en los pocos arrestos logrados de algunas bandas de secuestradores, revelan que aproximadamente la cuarta parte de sus integrantes fueron alguna vez miembros del ejército o de las corporaciones policiacas. Sin embargo, alentados por un clima de casi total impunidad, dentro de las bandas de secuestradores se han encontrado desde pequeños comerciantes hasta pandilleros que han visto la oportunidad de obtener dinero de una manera, hasta ahora, relativamente fácil.

Aunque al temor al secuestro se ha esparcido por todo el país, siete de cada 10 secuestros reportados efectuados entre el 2007 y mediados de este año se han concentrado en los estados de Chihuahua (498), estado de México (413), Distrito Federal (380), Baja California norte (287), Michoacán (277), Guanajuato (145), Guerrero (143) y Tamaulipas (113).

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