En medio de un ruidoso escándalo de corrupción, ocho funcionarios
y ex funcionarios de la pequeña ciudad de Bell, en el condado de Los
Angeles, California, fueron arrestados el 21 de septiembre de 2010 luego
de una intensa investigación.
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Entre los arrestados están el ex administrador de la ciudad, Robert
Rizzo, acusado de 53 cargos de apropiación ilícita de fondos
públicos, y el alcalde Oscar Hernández.
La fiscalía de distrito del condado y la fiscalía general de California han estado a cargo de la investigación judicial, luego de que se supo que los funcionarios de Bell tenían salarios excesivos y habrían estado involucrados en otros actos de presunta corrupción. El salario de Rizzo era de casi 800 mil dólares al año, el doble del salario del presidente Barack Obama.
También fueron arrestados la ex administradora asistente de Bell,
Angela Spaccia, la vicealcaldesa Teresa Jacobo, los concejales George Mirabal
y Luis Artiga, y los ex concejales George Cole y Víctor Bello.
El fiscal del distrito del condado de Los Angeles, Steve Cooley, hizo el
anuncio de los arrestos durante una conferencia de prensa realizada en la
mañana del mismo 21 de septiembre. Residentes de Bell que asistieron a la
sede del gobierno municipal, celebraron la noticia.
Otro de los implicados en las acusaciones de los ciudadanos era el ex jefe de la Policía, Randy Adams, pero este último no fue arrestado. Adams, también ex jefe de la Policía de Glendale, California, no fue detenido porque, según las autoridades, no hay evidencia de que haya cometido delito alguno. Adams ganaba en Bell un salario de 457 mil dólares al año.
Las dos fiscalías a cargo del caso acusan a los funcionarios y ex funcionarios arrestados de apropiarse indebidamente de 5.5 millones de dólares, inclusive de hacerse préstamos personales con los fondos públicos.
Rizzo está acusado además de recibir 4.3 millones
de dólares
por medio de contratos a terceros y a sí mismo que no fueron aprobados por
el Concejo Municipal (gobierno local), y de prestarse a sí mismo y
de prestar a Spaccia, Hernández, Artiga y a otros 1.9 millones de
dólares
de la ciudad.
El abogado de Rizzo, James Spertus, dijo al canal de televisión local KTLA que
había una motivación política en la redada efectuada contra los funcionarios.
"Lo único que justifica el arresto es el hecho de que ya vienen las elecciones
en noviembre", subrayó Spertus.
La policía tuvo que derrumbar la puerta frontal del domicilio del concejal
Hernández, debido a que éste no abrió la puerta cuando las autoridades llegaron
y llamaron.
El funcionario interino a cargo de la administración de Bell, Pedro Carrillo,
emitió un comunicado en el que dijo que "debido al tremendo volumen de cargos"
contra Rizzo y Spaccia, estos dos funcionarios "estaban en las raíces del
cáncer que afligía a la ciudad de Bell".
Carrillo dijo que era "un día triste para Bell" y que estaba preparado para
"duplicar los esfuerzos para continuar el proceso de restaurar el orden y
establecer buenas reformas gubernamentales", así como "asegurarse de que
Bell suministre los servicios necesarios a los residentes".
Todos los arrestados se encuentran en la cárcel del
condado de Los Angeles.
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